En una providencia, el titular de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional informa a la Sección Segunda de que ya puede proceder a juzgar la propia 'caja B', los trabajos de remodelación, supuestamente en negro, de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid, el impago del impuesto de sociedades correspondiente a 2008, así como la compra de acciones de Libertad Digital.

Así, después de que la Sala preguntara por este asunto hace unos días, el magistrado remarca que la parte relativa a las donaciones presuntamente irregulares aún sigue en instrucción, pero «no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento» de las cuatro anteriormente mencionadas.

En su providencia, De la Mata da una explicación pormenorizada de la evolución de la pieza sobre la 'caja B' del PP, que se abrió en marzo de 2013 derivada del caso Gürtel. Además de la propia contabilidad en negro, en esta pieza se investigan «si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones».

Posteriormente, el objeto de investigación se amplió, incluyendo otros hechos, empezando por «las aplicaciones de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política», obras que fueron realizadas entre 2005 y 2010 por la mercantil Unifica Servicios Integrales S.L.

La investigación también se amplió a la «infracción fiscal» que supuso la «falta de declaración del impuesto de sociedades» correspondiente al ejercicio 2008, así como la compra de acciones de Libertad Digital, que supuso, según el juez, «el apoderamiento por parte del gerente y del tesorero del PP de recursos propios de la formación política, integrados en la 'caja B' del partido».

Poco después de la apertura de la pieza, el anterior juez de instrucción, Pablo Ruz, acordó el sobreseimiento provisional de la parte relativa a las donaciones irregulares, pero cuando De la Mata se hizo cargo de la investigación, y a raíz de las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de la primera época de la trama Gürtel, esta parte se reabrió.

Los delitos que se investigan en esta parte son cohecho y tráfico de influencias y estarían implicados empresarios como el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de FCC José Mayor Oreja; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; así como el exsecretario general del PP Angel Acebes, o el 'número dos' de la trama Gürtel. También afectaría a otros empresarios como Vicente Cotino, Rafael Palencia y Joaquín Molpeceres.

Según explica el magistrado en su providencia, las donaciones que habrían sido recibidas ilegalmente de estas personas, con «absoluta falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos», habrían sido destinadas al «pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el PP», al «pago de gastos generados de campañas electorales», al «pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido», así como a «integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del PP».

En lo que respecta a la propia 'caja B' del PP, De la Mata explica que esta parte se dirige exclusivamente al que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas, su antecesor en el cargo Alvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez. Se les imputa «organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral continuado».

El instructor considera que hay indicios suficientes para afirmar que, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, el PP «habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada y presentada ante el Tribunal de Cuentas».

Según el juez, las referidas cuentas habrían funcionado «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o 'cajas B', denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados lo pagos que integrarían las mismas en los libros contables ni declarados a la Hacienda Pública».