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El Consistorio de Alonsotegi se enfrenta a un nuevo obstáculo para reducir su deuda viva sobre ingresos corrientes. Gracias a un duro plan de ajuste, ha logrado reducirla del 60 al 44% aproximadamente, aunque un nuevo contratiempo le ha obligado a prolongar las restricciones en el gasto hasta 2027.
Los responsables municipales han llegado a un acuerdo con la empresa de limpieza Garbialdi para desembolsar 300.000 euros en cinco años por los intereses de varias facturas que el Ayuntamiento acordó en principio no abonar. De 2003 hasta 2016, los técnicos detectaron que la contrata estaba facturando servicios que no había realizado o no se había ejecutado correctamente, ordenando que no se pagaran. Un ejemplo era que se pretendía cobrar por la limpieza de los servicios públicos de Lasao, frente a la casa consistorial, cuando estaban cerrados.
Esa directriz cambió siendo alcalde José Luis Erezuma, a pesar de que los informes técnicos avalaban la posición mantenida por sus dos antecesores en el cargo. Al autorizar en 2012 los pagos de las facturas retenidas, Garbialdi reclamó ante varios juzgados intereses de demora y costas, hasta la cantidad de 368.928,70 euros.
EH Bildu entiende que «si ya es difícil de explicar el cambio de criterio en cuanto a la legitimidad del pago, es negligente la no inclusión de un acuerdo para evitar reclamaciones de intereses posteriores».
Los responsables municipales acordaron más tarde un convenio con la compañía para pagar 300.000 euros en un lustro. La primera consecuencia es que una partida de crédito de 100.000 euros destinada al programa de ayuda domiciliaria amortizará ese primer plazo por los intereses de demora que reclama la contrata de limpieza; los cuatro años siguientes se desembolsarán 50.000. El nuevo plan de ajuste 2018-2027 y el expediente de modificación de crédito se aprobará en el pleno del martes.
El tercer alcalde investigado
Precisamente José Luis Erezuma, el alcalde responsable de esa decisión, ha sido citado el 20 de noviembre en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo para tomarle declaración en calidad de investigado por el caso de las certificaciones falsas para cobrar subvenciones del Gobierno español y Diputación con las que paliar los efectos de unas riadas en junio de 2008. También se les tomará testimonio al arquitecto Alberto Zulueta, al aparejador Juan Torrontegi, así como a directivos de las constructoras Pabisa y Laneder.
Erezuma se suma así a sus antecesores, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, procesados por otro juzgado de Barakaldo por tráfico de influencias, malversación, y fraude y exacciones ilegales en la gestión de Alonsotegi Eraikiz.
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