«Tengo que estar hoy y aquí en la defensa de los intereses de España, de sus intereses estratégicos, que además están situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo», ha dicho Pedro Sánchez en su comparecencia en el Pleno del Congreso para dar cuenta de las relaciones comerciales del Estado español con Arabia Saudí en materia de armamento.

El jefe del Ejecutivo ha pedido al hemiciclo «altura de miras» para compartir esta visión y ha insistido en que su obligación es «conciliar intereses». «Siempre he pensado que la política es intentar convertir ideales en realidades», ha dicho reconociendo que esto «no siempre se puede conseguir» o en ocasiones «lleva más tiempo de lo que alguien pudiera desear».

Sánchez ha citado también su obligación de «conciliar intereses» y defender los del Estado epsñaol, en alusión al contrato que Arabia Saudí tiene firmado con Navantia para la construcción de cinco corbetas en la Bahía de Cádiz, por un importe de 1.800 millones de euros que, según ha dicho, generará 6.000 puestos de trabajo en cinco años.

Ha recordado que en este debate ha irrumpido la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, un hecho que ha calificado de «terrible» y ha condenado «sin paliativos», para el que ha pedido una investigación que esclarezca los hechos y la actuación judicial «para que caiga el paso de la ley sobre los responsables».

«Prioridades de la gestión pública»

Sin embargo, cree que esto «no puede impedir que se actúe con responsabilidad». Este caso es, para Sánchez, un «claro ejemplo de la complejidad de la política» que lleva a «entender las prioridades de la gestión pública».

En este contexto, ha defendido que el Estado español cuenta con «un completo marco legal" para las exportaciones de material militar, acorde con «los más exigentes» estándares internacionales y siguiendo los criterios de la Unión Europea, la OSCE y los tratados de no proliferación de armas.

«La autorización de material de defensa está sujeta a requisitos equiparables, si no superiores, a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno», ha insistido, reconociendo que esto no excluye sin embargo la posibilidad de incluir mejoras si es necesario para adoptar «garantías adicionales».

Y ha incluido en este ámbito el contrato de venta de 400 bombas a Arabia Saudí que desencadenó la polémica al rectificar el Gobierno español el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suspender su exportación por el peligro de que fueran usadas en la guerra de Yemen.

Sánchez ha recordado que esa operación fue autorizada en 2015 por la junta interministerial encargada de su análisis, la JIMDDU, y confirmada en los años 2016 y 2017. Por ello, ha defendido que son contratos «en vigor» que cumplen la normativa y «no entran en contradicción» con las resoluciones de Naciones Unidas.

«Son obligaciones contraídas por un Gobierno anterior que cumplen con los requisitos internacionales», ha enfatizado volviendo a su «deber» de «velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España».

En este punto, ha preguntado si «alguien duda» de los «principios progresistas» de los alcaldes de la Bahía de Cádiz, entre los que se encuentra José María González, ‘Kichi’, de Podemos. Ha dicho que él no duda de esos principios, pero que estos cargos conviven con una «prioridad mas inmediata no buscada, que son los trabajadores de Navantia y sus familiares». «Y yo lo entiendo», ha recalcado..

Pedro Sánchez ha insistido así en su obligación de gobernar mirando «a largo plazo» y ha apelado al consenso para «salvaguardar» las relaciones internacionales del Estado de la polémica partidista. «Entiendo que otros quieran mezclar debates desde un enfoque partidista, pero yo no me puedo permitir ese lujo», ha reseñado.

Y ha ofrecido la labor de su Ejecutivo por una política industrial que ayude a la internacionalización de las empresas españolas, la transformación del modelo productivo o el I+D+i. Para ello ha apuntado que el «primer paso» está representado en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que «apuestan por la estabilidad, la creación de empleo y la lucha contra la desigualdad».

Diferencias entre el PSOE y Podemos

Con los votos de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV, el Congreso español rechazó ayer suspender la venta de armas a Arabia Saudí, como ha hecho Alemania tras el ‘caso Khashoggi’.  

Estos acontecimientos han provocado una división entre el PSOE y Podemos, ya que el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, ha exigido a Sánchez que revoque los contratos con Arabia Saudí, que busque un comprador alternativo para las fragatas y asegure la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz.

«¡Hay que dejar de vender armas ya!», ha recalcado desde la tribuna de oradores del Congreso. 

El PNV «comprende» la postura de Sánchez

En su intervención este miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que «comprende» la complejidad a la que se enfrenta el Gobierno español con la venta de armas a Arabia Saudí y ha instado a Pedro Sánchez a esperar e impulsar una solución a nivel europeo, aunque le apoyará si decide suspender los contratos con el país árabe.

«Arabia Saudí es como el doctor Jekyll y míster Hyde, en el sentido de que dependemos mucho de ellos», ha puntualizado Esteban, quien ha dicho que pese a que no se pueden olvidar sus «atrocidades» en la guerra de Yemen tampoco se puede obviar que es «una pieza importante en el puzzle de Oriente Medio» y «maneja dinero».

Por eso, ha asegurado que comprende las dificultades de la posición del presidente del Gobierno español en este ámbito, ya que «generalizar y buscar soluciones es muy fácil» tras el caso «terrible» de Jamal Khasshoggi, pero hace falta «una respuesta firme y conjunta» de los países europeos, ha insistido.

Así, ha dicho que en el Consejo Europeo de la semana pasada en Bruselas debió de abordarse esta cuestión porque hubiese sido algo «relevante» que los países europeos hubiesen adoptado una posición al respecto.