Condecoraciones que dejan huella
Los gobiernos españoles reparten cada año cientos de condecoraciones policiales, muchas de ellas con pensión y a veces vitalicia, lo que supuso a las arcas estatales nada menos que 17,8 millones de euros en 2016. Aparte del escándalo económico que ello supone, el caso de «Billy el Niño» se ha convertido en icono de cómo esos galardones premian a menudo acciones no precisamente ejemplares, como la tortura. Y sin embargo, como ha denunciado esta semana EH Bildu, Antonio González Pacheco no es más que una minúscula arista de la punta del iceberg. Esta formación ha detectado ya más de un centenar de casos similares. Algunos son conocidos. Esta es una pequeña muestra de cómo las medallas a veces llevan huella, huella sangrienta: torturas, guerra sucia, ejecuciones...
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1984; el GAL, galardonado sin que nadie lo supiera y en el aniversario de Lasa y Zabala
El 12 de octubre de 1984, Día de la Hispanidad y de la Guardia Civil, en el cuartel de Intxaurrondo se produjo un acto masivo de condecoración que entonces se entendió como rutinario. El tiempo y los hechos revelados después le han dado sentido. Una década después, incluso, saldría a la luz la foto de familia del evento que ha quedado como prueba gráfica del «núcleo duro» conformado por Enrique Rodríguez Galindo: Fidel del Hoyo, Ángel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos, Felipe Bayo Leal, Lorenzo Bárez, José María Velázquez Soriano... todos ellos condenados o al menos investigados por guerra sucia o por torturas.
Pero es que, y esto da un plus de relevancia al asunto, no era solo la Guardia Civil. En el mismo BOE del 11 de octubre se condecora igualmente a otro grupo de policías españoles que una década después se demostrarían miembros del GAL, como el inspector José Amedo Fouce, o aparecerían en operaciones oscuras, como los comisarios Jesús Martínez Torres y José María Escudero Tejada.
Políticamente, ocurrió dos años después de la llegada a Moncloa de Felipe González. Sin embargo, hay otra coincidencia temporal aún más sospechosa: casi un año antes de ese galardón masivo y transversal los GAL habían iniciado sus acciones con la desaparición de Joxean Lasa y Joxi Zabala (15 de octubre de 1983 en Baiona). Obviamente nadie pudo relacionar entonces aquellos hechos con estas personas, porque no había dato seguro alguno sobre la autoría. La condena a Galindo, Vaquero, Dorado y Bayo no llegaría hasta el año 2000.
Domínguez Tuda, condecorado incluso cuando ya estaba investigado por torturas
Aunque el caso anterior pasó desapercibido, a veces a los gobiernos españoles tampoco les ha importado ponerse en evidencia. Lo revela el episodio del galardón al entonces cabo primero de la Guardia Civil José Domínguez Tuda en 1984, cuando ya estaba investigado por torturar al electo de HB Joxe Mari Olarra, caso por el que resultaría condenado. Hasta ‘‘El País’’ denunció aquella situación, remarcando que la Cruz de Plata que se le concedía estaba destinada a premiar hechos que «revistan por su naturaleza un carácter o mérito excepcional».
A Domínguez Tuda en realidad no se le condenaría por torturas una vez, sino dos, lo que supone algo casi insólito dado el escaso número de sentencias de este tipo. Se probó judicialmente que había maltratado también a Jokin Olano en el mismo año: 1983. Ya en los 90, dos gobiernos diferentes del PSOE se encargaron de limpiarle las condenas, que no la condecoración: primero le indultó el ministro José Luis Corcuera (1991) y luego Juan Alberto Belloch (1995).
Cruz de Mérito Militar para el guardia civil que mató a Gladys del Estal (y no pagó por ello)
Sindicatos de la Guardia Civil han denunciado con datos que la Policía española acumula prácticamente el doble de medallas pensionadas pese a tener menos agentes. En Euskal Herria, por contra, sus recompensas son más, en correspondencia con su papel principal en la represión y la guerra sucia. Uno de los casos más ilustrativos y lacerantes es el de José Martínez Salas, guardia civil de escala básica al que se concedió la Cruz al Mérito Militar en 1992. No consta el motivo, pero sí un antecedente criminal: fue el agente que mató de un tiro a la ecologista donostiarra Gladys del Estal trece años antes, en 1979, en una marcha antinuclear en Tutera.
Como en la práctica totalidad de los casos, la recompensa económica se sumó a la impunidad judicial, lo que duplica la injusticia. Aunque testigos manifestaron que Salas había matado a esta joven de solo 23 años con total alevosía tras un rifirrafe verbal, se le condenó únicamente por «imprudencia» tras el juicio realizado en Iruñea. Dieciocho meses de cárcel fue la pena impuesta por acabar con una vida. Y la verdad oficial quedó escrita así: «Cuando se encontraba en labores de disuadir a los presentes para que dejaran libre la vía, un manifestante agarró con fuerza la metralleta que, colgada del hombro, portaba uno de los guardias, tratando de arrebatársela. El guardia sujetó el arma y se echó para adelante para contrarrestar el tirón, llegando casi a perder el equilibrio. En el forcejeo se produjo un disparo del arma, que alcanzó a Gladys del Estal».
Ocho ecuatorianos, premiados por España un año después del secuestro y torturas a vascos
El análisis de los listados de condecoraciones en los Boletines Oficiales del Estado lleva a descubrimientos sorprendentes... o no tanto si se contrastan con fechas y hechos. Por ejemplo, en marzo de 1988 el Ministerio del Interior español concede la Cruz de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil a Milton Andrade Dávila, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador; a Edgar Vasca Vinueza, mayor; y a Gustavo Lemos Larrea. Y en junio amplía la condecoración (esta vez Cruz con distintivo blanco) al teniente coronel Guido Núñez Baño, el mayor José Villacís Flores y los tenientes Jaime Casco del Salto, Diego Cruz Aguas y Wilfrido Chuga Urbina. Lo firma, por cierto, José Barrionuevo Peña, más tarde condenado por el secuestro de Segundo Marey.
¿Cuál era el «mérito y circunstancia que concurre en los interesados», según la definición del BOE? Obviamente no se detalla, pero llama la atención que dos años antes (enero de 1986) Madrid hubiera contado con implicación directa de una unidad especial policial ecuatoriana para secuestrar y torturar en Quito a los deportados vascos Alfonso Etxegarai y Miguel Angel Aldana, en busca de información que llevara al paradero del industrial secuestrado por ETA Juan Pedro Guzmán. Los GEO lo liberaron un día después de aquella operación, que incluyó la aplicación de electrodos y en la que Etxegarai se vio a sí mismo como «un animal al que estaban lentamente sacrificando; escuchaba mis gritos como alaridos».
Cinco medallas con cuatro gobiernos para un condenado por secuestro en Lapurdi
Sebastián Sotos García ha sido un subinspector de la Policía española sin demasiada relevancia pública, pero en los boletines oficiales del Estado su nombre ha aparecido hasta cinco veces por otras tantas condecoraciones. Según se supo a través de una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu, la primera en 1984 y la última en 2012; entre medio, otras en 2003 y 2011. Es decir, lo han galardonado gobiernos de cuatro presidentes distintos, dos del PSOE (González y Zapatero) y otros dos del PP (Aznar y Rajoy). Tal profusión de prebendas resulta sorprendente de por sí, pero los calificativos se agotan si se recuerda por qué fue noticia Sotos en 1983, cuando operaba en los GEO según confirmó la distinción militar que se le otorgaría apenas un año después. Fue uno de los cuatro agentes españoles a los que los tribunales franceses condenaron, en rebeldía, por el intento de secuestro –frustrado– del refugiado vasco Joxe Mari Larretxea en Hendaia. Ocurrió el 13 de octubre, y se sospecha que ese fracaso fue el que provocó o aceleró la captura apenas dos noches después de Lasa y Zabala en Baiona.
Larretxea salió vivo de aquella escaramuza de guerra sucia, aunque muy golpeado. Luego fue expulsado a Cuba, donde acabó falleciendo hace una década. Queda claro que a su agresor policial le fue bastante mejor en esos años, gracias al dinero público: ha acumulado Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, Cruz de Plata con distintivo rojo, Medalla al Servicio Policial, Cruz a la Dedicación al Servicio Policial y Encomienda por el mismo motivo.
Melitón Manzanas, galardonado por Franco en vida, condecorado por Aznar después de muerto
El jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa es reconocido unánimemente como uno de los torturadores más sádicos del franquismo. Cuatro años antes de que ETA lo matara, Melitón Manzanas fue premiado por el régimen al que servía con la Cruz del Mérito Policial con distintivo rojo, que se sumó a la cincuentena de felicitaciones oficiales acumuladas por sus acciones represivas.
Hasta aquí poco de sorprendente, pero la polémica política se dispararía en 2001, cuando Manzanas fue incluido en la lista de «víctimas del terrorismo» a las que el Gobierno Aznar decidió conceder la Real Orden de Reconocimiento Civil a título póstumo. Pese a la oleada de críticas, la concesión de la medalla se materializó y el Supremo la dio por buena. Con todo, el escándalo alcanzó tal dimensión que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo fue modificada en su artículo cuarto, a iniciativa del PNV, para matizar que en lo sucesivo quedarían excluidas de este reconocimiento quienes «hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales».
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