Las efemérides no tienen fin en este otoño catalán. Hace exactamente un año, el president Carles Puigdemont y varios consellers comparecían por primera vez ante los medios desde Bruselas, donde se exiliaron para eludir los zarpazos del Estado articulados a partir de la querella presentada hace también 365 días por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Una denuncia hecha pública a través de un documento Word que llevaba por título una elocuente y premonitoria frase: «Más dura será la caída».

Los miembros del Govern que se quedaron en Catalunya ingresaron en prisión tres días después. Su efeméride llegará este viernes, jornada en la que, si nada cambia, conoceremos los escritos de acusación en la macrocausa contra el 1-O. Aquí todos juegan con los aniversarios.

Ayer lo hicieron el president Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín en Bruselas, donde pusieron la primera piedra del Consell per la República, una entidad privada que operará bajo legalidad belga pero en coordinación con las instituciones catalanas y que persigue varios objetivos de los que ayer apenas conocimos algunas pinceladas. Será en las próximas semanas y, sobre todo, a partir de la celebración de una asamblea de cargos electos en Bruselas –se habla del 8 de diciembre– cuando se conocerán mayores detalles sobre su funcionamiento.

De momento, ayer Puigdemont explicó que desde hoy mismo se abrirá un registro para que los ciudadanos que así lo deseen puedan inscribirse y participar en el desarrollo de una instancia que se dedicará «a hacer República de manera más libre y desacomplejada». «A nosotros no nos pueden aplicar ningún 155», añadió un Puigdemont que dio vital importancia a la articulación de dicha participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías.

Desde Bruselas, Puigdemont insistió en que «el Consell per la República servirá para llegar allí donde las instituciones no puedan llegar» y para «dar esos debates que el Estado español no quiere que demos». Subrayó, además, que el Consell será una de las cuatro patas que deberán articular la acción futura del independentismo. Las otras tres son las instituciones de la Generalitat, la sociedad civil y los presos políticos.

Internacionalización

A la espera de que se concreten las pinceladas ofrecidas ayer por Puigdemont, fue Comín, que ejercerá como coordinador del Consell, quien fijó lo que se presenta como el principal objetivo de la nueva institución: «Trabajar para conseguir el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación».

En un acto en el que también intervinieron el president, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès, Comín recordó que la plataforma surge del acuerdo de legislatura pactado tras las elecciones de diciembre pasado por Junts per Catalunya y ERC. Defendió, además, que el Consell per la República debe ser la institución «depositaria de la legitimidad surgida del 1 de octubre», cuyo mandato consideró «irrenunciable». «Nuestra misión será defender aquel mandato y preparar la República», añadió de modo más inconcreto el exconseller de Sanidad.

Una intención que, en cualquier caso, Puigdemont recordó que entronca con las razones que hace un año les llevaron a exiliarse. «Quiero recordar algunas razones: tener un espacio de libertad de expresión y movimientos imposibles en el Estado español, hacer frente y denunciar ante Europa lo que era un golpe de estado y desplegar una acción que permitiese mantener la posición fijada a través del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre».

«Si nos hubiésemos quedado, hoy no podríamos estar haciendo este acto», remató Puigdemont.