Para el Parlamento Social, la «refinanciación» de la deuda realizada por el Ejecutivo navarro de Uxue Barkos «es una sumisión a los dictados marcados por las políticas neoliberales de la entidades financieras sin moverse un milímetro del espíritu, ideología y forma de actuar de anteriores gobiernos de UPN».

Y afirma en este sentido en un comunicado al que han dado lectura que los 3.300 millones de deuda que dejó UPN en 2015, por construcciones y proyectos «megalómanos» de «nula rentabilidad social», no solo tenían un «interés confiscatorio y abusivo" del 5,8% sino que además incluían 191 millones de "deuda ilegítima» derivada de «inversiones especulativas», «avales fallidos» o «contratos fraudulentos con los bancos».

Por eso, el Parlamento Social pidió al Gobierno que negociara quitas con las entidades financieras para descontar esos 191 millones de los 240 de deuda que se tienen que amortizar en 2018.

Sin embargo, asegura, «el Gobierno ha decidido, lejos de estudiar y contrarrestar nuestra propuesta, amortizar los 240 millones sin realizar ningún tipo de auditoría» y así, además de pagar «67,5 millones por sobreintereses», se ha «vuelto a endeudar contratando préstamos y emitiendo deuda por un periodo que nos va a llevar hasta 2037».