La Abogacía del Estado entregará este viernes en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean suceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición y malversación de caudales públicos, según ha avanzado ‘El País’. Las condenas que pedirá para los líderes del procés suman un mínimo de 14 años, de acuerdo con ese medio.

La decisión de Abogacía, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre a primeros de 2019 defenderá que no se produjo un «alzamiento violento» para declarar la independencia de Catalunya.

A lo largo de la instrucción, siempre ha respaldado el criterio de la Fiscalía en relación al delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Tribunal Supremo que cerrase la investigación solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Por tanto, su decisión de acusar de sedición supondría un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.