Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota, en la que explica que la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento de Iruñea para analizar supuestos incumplimientos en la ejecución del contrato de mantenimiento de semáforos adjudicado en 2012 a la empresa Indra Sistemas S.A. «ha confirmado que hubo desviaciones económicas en algunas de las facturas investigadas».

Mientras, el estudio jurídico sobre los contratos con esta multinacional concluyen que se le debieron exigir inversiones no realizadas por valor de más de 150.000 euros.

Por ello, el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia para informar de todos los detalles relacionados con la ejecución del contrato al efecto de que, si así lo entiende la justicia, se lleve a cabo una investigación por si los hechos detectados fuesen constitutivos de algún tipo de delito.

El Ayuntamiento de Iruñea encargó una auditoría técnico-económica sobre el contrato de asistencia técnica de conservación, reparación y montaje de instalaciones de regulación de tráfico en la ciudad, que la empresa Indra Sistemas S.A. ejecutó entre diciembre de 2012 y marzo de 2016, y por lo que se le abonaron un total de 3,4 millones de euros.

Según explica en una nota, se trataba de inspeccionar, analizar y evaluar el grado de cumplimiento de ese contrato tras haberse iniciado un procedimiento de reclamación por supuestos incumplimientos al no haberse ejecutado algunas de las mejoras ofertadas por la empresa y por ser supuestamente incorrectas al menos 25 facturas abonadas.

Es en estas 25 facturas, todas ellas fechadas entre 2012 y 2014 y por un importe global de 43.240 euros, en las que se han detectado desvíos que, en algunos casos superan el 50 %.

Respecto a las mejoras, Indra Sistemas ofertó diferentes iniciativas por valor de 750.311 euros y se ejecutaron varias de ellas por una cuantía de 598.003 euros, por lo que se quedaron sin ejecutar 152.308 euros.

El informe realizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento señala que esas mejoras tenían que haberse ejecutado en el primer trimestre de 2012, tal y como se regulaba en el contrato, sin que tenga sentido tomar una decisión de no exigirlas por cuestiones como la situación de crisis de la adjudicataria o por las mejoras que ya hiciera en el anterior contrato.

Las mismas fuentes señalan que todos los grupos municipales han sido informados de estos hechos así como de la interposición de la denuncia en una reunión de los portavoces municipales.

Advierten además, de que hasta que el juzgado de instrucción decida si abre o no investigación, o la apertura de juicio oral, por indicación de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Iruñea, no se proporcionará información sobre el expediente porque la instrucción no tiene carácter público.