De acuerdo con los datos de la Fiscalía General colombiana, entre 2002 y 2010 los militares fueron responsables de la muerte de 4.475 jóvenes no combatientes, a quienes secuestraron bajo engaños y mataron para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate. El Observatorio Colombia-Europa-Estados Unidos eleva a 5.763 los casos, mientras que la investigación realizada por el exteniente coronel de la Policía colombiana y sociólogo Omar Eduardo Rojas junto al historiador Fabián Leonardo Benavides los sitúa en cerca de 10.000.

En el libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, editado por la Universidad Santo Tomás, sus autores acreditan que «los mal llamados falsos positivos no han sido producto de errores militares, ni de actuaciones aisladas de individuos pertenecientes a las Fuerzas Militares, sino que constituyen una práctica sistemática que compromete a los comandantes de brigadas, batallones y unidades tácticas». «Ningún falso positivo se da al azar; todos responden a una estrategia militar y policial», afirma en entrevista a GARA Rojas, quien a raíz de esta investigación ha tenido que dejar su país.

Habiendo ejercido como policía durante tres décadas, ¿qué le lleva a realizar esta investigación estando aún en activo?

No todos los militares ni policías en Colombia nos arrodillamos ante los falsos positivos. Hay quienes juramos lealtad a la Constitución, y no a personas o partidos en concreto. Los primeros en denunciar los falsos positivos fueron los militares, pero nadie les escuchó. Antes de que salieran a la luz, di con alguien que me suministró cierta información, pero desconocía que se refería a los falsos positivos. Cuando se supo lo de los 19 jóvenes de Soacha, empecé a recopilar información sobre el tema. Para cuando me quise dar cuenta ya tenía un gran volumen de datos y comencé a trabajar con algunos compañeros de la Universidad, y al final aterrizamos en la Universidad de Santo Tomás. Analizamos los 44 casos que reconoció el expresidente Álvaro Uribe en ese momento, pero a medida que fuimos profundizando nos dimos cuenta de la gravedad y dimensión del caso. De acuerdo a los testimonios de los propios victimarios que recopilamos y a las evidencias, encontramos que son más de 10.000. Es una cifra bastante fuerte que nos debería de llevar a mirar las atrocidades que cometió el Ejército solo para mostrar resultados en el marco de la política de Seguridad Democrática de Uribe. Nuestra actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el año 2002 era ministra de Defensa y bajo su gestión se orientó a los comandantes de las Fuerzas Armadas que iban a ser evaluados por el número de «terroristas dados de baja». A ello le agregamos el componente de la recompensa por cada muerto y la concepción del «enemigo interno». Con todos estos elementos fácilmente podían cometer esos asesinatos y nadie decía nada en nuestra sociedad.

¿Cuál es el perfil de las víctimas de los falsos positivos?

Las personas que iban a ser asesinadas debían ser de estratos bajos de la sociedad, para que nadie se preocupara por ellas. Sin embargo, a medida en que pasa el tiempo, van introduciendo otro tipo de perfiles. Como se dice en leguaje militar o policial, «el que estuviera mal parqueado». En una muestra de 1.176 casos encontramos que un 62% eran campesinos; un 7%, líderes campesinos; un 13%, indígenas; un 6%, comerciantes y otro 6%, obreros; un 3%, militares y policías y otro tanto, discapacitados.

Asegura que todo ello respondía a un plan sistemático.

Ningún falso positivo se da al azar; todos responden a una estrategia militar y policial, en la que hay un antes, un durante y un después. ¿Qué pasaba en ese antes? Se hacía una reunión entre los comandantes de brigada, de batallón, de inteligencia, de operaciones sicológicas para determinar dónde se iba a producir ese falso positivo. Buscaban víctimas de lugares lejanos para no levantar sospechas. En esas reuniones se asignaban funciones específicas: uno se encargaba de buscar a los reclutadores, otro de pagar el transporte… Había un trabajo sicológico tanto dentro como fuera de la institución que consistía en convencer a los soldados y militares que ellos representaban la moral de la sociedad. Ellos se sentían con atribuciones suficientes para salir y exterminar a los castro-chavistas, a los comunistas, a los pobres y a los de izquierda. En el durante se encargaban de reclutar o secuestrar a las víctimas y de llevarlas al lugar donde iban a ser ejecutadas a sangre fría. Los vestían con prendas militares, les colocaban computadores, propaganda para que todos pensaran que eran terroristas y como si de una película se tratase comenzaban a disparar y a escenificar un combate inexistente. Dentro de esa estrategia reunían a personalidades y gente de los medios de comunicación y durante dos días los convertían en soldados y policías para así comprar su lealtad a la institucionalidad, de tal manera que no hicieran muchas preguntas. Hasta el día de hoy se persigue a quienes denunciaron los falsos positivos o nos atrevemos a hacer un análisis desde la academia.

En su caso, le han acusado de filtrar al excomandante y exnegociador de las FARC Jesús Santrich, en prisión actualmente, el operativo que se iba a desarrollar en su contra.

En diciembre de 2017 fui llamado por la Unidad Nacional de Protección para que los asesorara en la implementación de los acuerdos de la La Habana y diera protección y seguridad a los excombatientes de las FARC, a sus familiares y al nuevo partido político. Ese fue mi último trabajo en Colombia. Cuando saco el libro estalla el «caso Santrich». Se valieron de la circunstancia de que estaba asesorando a exintegrantes de las FARC para decir que yo era «el coronel de las FARC» y que había dado el aviso a Santrich de que estaban planeando extraditarlo. Yo jamás he hablado con Santrich, ni lo conozco personalmente. El mismo director de la Unidad Nacional de Protección dijo que yo no manejaba esa información. Trataron de ensuciar mi investigación diciendo que había sido financiada por las FARC, cosa que es falsa. Algunos se me acercaron diciéndome «por qué le daba patadas a la lonchera que me daba de comer», que «me callara». La Inteligencia de la Policía comenzó a hacerme seguimientos. Sacaron mi fotografía acusándome de ser un traidor. Informé a la Policía, a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección de que estaba siendo objeto de seguimientos, pero como no me pusieron protección tuve que abandonar el país. En la actualidad, no puedo regresar. Las personas que señalo en el libro, como el general Barrera, es actualmente asesor del Ministerio de Defensa; Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta y así otros muchos funcionarios. No tengo posibilidad de regresar a Colombia.

¿Se imaginó en algún momento que acabaría fuera de Colombia y que sería acusado de ser «el coronel de las FARC»?

Nunca pensé que tendría que salir del país, es más, no quería irme porque allá tengo mi familia. Nunca pensé que me llamarían traidor. Los traidores son más de 6.000 militares y policías que mataron a más de 10.000 colombianos. Ellos sí son traidores a la democracia, a la paz. Un antiguo compañero de filas se me acercó para decirme, no sé si con buena o mala intención, que saliera del país antes de que me pasara cualquier cosa.

¿Están las Fuerzas Armadas preparadas para superar la doctrina del enemigo interno?

No. Debemos tener en cuenta que los integrantes de las Fuerzas Armadas suelen ser de estratos bajos de la sociedad, que tal vez no han tenido un trabajo previo y de la noche a la mañana se encuentran con un trabajo, con un sueldo mensual y tres pagas, con vacaciones, con la promesa de recibir una vivienda a los diez años, con beneficios para su familia… Son adeptos que van consiguiendo. Ellos y sus familias son quienes están defendiendo a esa extrema derecha que está gobernando en Colombia. Si me preguntas si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir netamente lo que dice la Constitución, diría que no. Lo que están haciendo es una reestructuración de los organigramas. Se necesita una formación ontológica y más profesional para que todos, policías y militares incluidos, empecemos a transitar por el camino de la paz y de una sociedad democrática, participativa e incluyente. En las actuales condiciones, las fuerzas militares necesitan un ajuste ontológico y filosófico para no seguir viendo a cualquier persona como si fuera un enemigo interno.

Pero parte de la sociedad también ha sido cómplice.

Cuando hicimos esta investigación, conversamos con familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, con militares en la reserva, con víctimas y con otras personas que nada tenían que ver ni con los victimarios ni con las víctimas. Nos quedamos sorprendidos porque ciertos sectores de la sociedad ven a esos victimarios como héroes de la patria; son vistos como los mejores padres, hijos, hermanos, vecinos. Los victimarios pasan a ser las víctimas. Cada militar y policía que llega a las instituciones de las Fuerzas Armadas, así como sus padres, hermanos, hijos, conocidos, se convierten en un aliado más para el sistema.

¿Qué se puede esperar teniendo en cuenta el regreso del uribismo al poder?

El escenario no es alentador porque el Gobierno está incumpliendo lo pactado en La Habana como si eso hubiera sido un pacto entre las FARC y el Gobierno de Santos. Está desconociendo que se trata de un acuerdo de Estado. Desde la firma del acuerdo han matado a más de 400 líderes sociales y a cerca de 90 excombatientes de las FARC y familiares. Dicen mucho los retrasos en la política de restitución de tierras, que funcionarios de Duque, a los cuales la sociedad los conoce por sus actividades no lícitas, lleguen y acompañen al Gobierno. Pero hay un factor nuevo, los movimientos sociales que antes estaban rezagados. Estamos asistiendo a una expresión popular. La Justicia de mi país ya está tratando de poner freno a Colombia Humana y a su líder, Gustavo Petro. Hay una no esperanza por los asesinatos de líderes sociales, pero al mismo tiempo hay una oportunidad que jamás vi durante los 31 años de servicio; la sociedad está saliendo a la calle.