La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 11 años de prisión al exprofesor del colegio bizkaitarra Gaztelueta del Opus Dei como autor de un delito de abuso sexual de manera continuada a uno de sus alumnos, cuando éste tenía 12 y 13 años.

La Fiscalía solicitaba tres años de prisión para el acusado o una petición alternativa de 20 meses de prisión, en función de que le fuera aplicada la reforma del Código Penal, en lugar de la legislación vigente en el momento de los hechos. Por su parte, la acusación particular pedía diez años de prisión para el acusado, con una pena alternativa de 14 años, si se incluían las agravantes de abuso de superioridad y el de confianza. La defensa, por su parte, solicitaba su absolución.

Finalmente, la Audiencia ha decidido condenarle a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales, así como a 11 años de inhabilitación, y a 15 años de alejamiento de la víctima.

El relato de los hechos considerados probados por el tribunal recoge que entre los cursos 2008-2009 y 2009-2010 el exprofesor citaba al niño en su despacho para celebrar preceptorías o tutorías, habituales en ese centro para analizar la evolución académica, personal y espiritual del alumnado.

El condenado incrementó «la frecuencia y duración» de esas entrevistas hasta sacarle de clase dos veces por semana durante unos 50 minutos, en los que «siendo plenamente consciente de la autoridad que como preceptor tenía sobre el alumno, y valiéndose de esa influencia y del escaso conocimiento que en materia sexual contaba» el niño, que cursaba segundo de la ESO, abusó de él.

En concreto, se relatan cinco episodios que evidencian una gradación de esos abusos, que consistieron en tocamientos y obligarle a masturbarse, entre otros.

Los compañeros de clase se burlaban de la víctima por la cantidad de veces que se reunía con su preceptor. El alumno sufrió estrés postraumático por esos abusos y ha necesitado desde entonces hasta la actualidad tratamiento siquiátrico, si bien evoluciona favorablemente, constata el tribunal.

El joven relató los dos episodios más graves tras años de terapia, por lo que se puso en duda su verosimilitud en el juicio.

«Podemos entender las reticencias del fiscal y más aún de la defensa, pero desde luego a este tribunal no le produce extrañeza la demora de la narración de la totalidad de los hechos porque los ha contado cuando la psicoterapia empleada le ha ido permitiendo afrontarlos porque se trata de vivencias traumáticas de gran impacto emocional y con una repercusión patológica innegable y grave», argumenta la sentencia.

El tribunal ha atendido a las argumentaciones de la letrada de la acusación particular quien, sobre las conclusiones de los peritos forenses y de los médicos que han tratado al joven que avalaron la veracidad del relato del querellante, ha sostenido que la víctima, como otras de delitos sexuales, ha necesitado tiempo hasta lograr exteriorizar la experiencia traumática que padeció.

El relato se ha mantenido en el tiempo en lo fundamental de los hechos, «con total coherencia y persistencia», y la víctima solo ha presentado contradicciones y dudas sobre elementos menores y accesorios, afirma la Sala.

Crítica al colegio

El tribunal critica la investigación realizada por el colegio del Opus Dei tras la denuncia de acoso escolar, que no fue, a su entender, «ni rigurosa, si seria ni trasmite mínimos componentes de certidumbre».

El centro reconoce que el niño sufrió ciberacoso pero cuando ya había abandonado el colegio, puesto que así lo asumieron varios de sus compañeros pero rechaza que se produjera un acoso real en sus aulas y no asume su responsabilidad en estos hechos.

Para el tribunal, resulta «incuestionable» que el incremento de las preceptuaciones resultó «un factor coadyudante» de esas burlas y del acoso escolar que sufrió la víctima.

La acusación celebra la sentencia pero reconoce que «no hay nada que repare el dolor»

La abogada que ha ejercido la acusación particular, Leticia de la Hoz, ha afirmado que la sentencia dictada «ha hecho justicia» aunque «no hay nada que compense, indemnice y repare el dolor que ha sufrido» el joven alumno. En declaraciones a los medios, Leticia de la Hoz ha asegurado que «son buenas noticias para la familia de la víctima, el haber obtenido una condena de once años de prisión por delito continuado de abuso sexual».

De la Hoz ha asegurado que se ha «emocionado» al conocer el fallo de la sentencia, de 70 folios, y ha destacado el hecho de que se haya admitido el argumento del abuso sexual continuado. «Ahora vamos a proceder a estudiar y analizar la sentencia, pero solo con conocer el fallo estamos muy satisfechos», ha afirmado, para explicar que ya ha hablado con el padre «que no se lo creía y se ha emocionado».

Según ha destacado, «son muchos años de lucha», tras la presentación de la querella en junio de 2015. La abogada ha dicho que el joven «lo ha pasado fatal» y ha señalado que «las víctimas que pasan por procesos de estos solo ellos saben lo que luchan». «A nosotros, como querellantes, nos correspondía probar los hechos, y a la vista está que hemos sido capaces de conseguirlo y, después de todo el sufrimiento, ha merecido la pena porque se ha hecho justicia», ha remarcado.

Según ha destacado, los informes de parte tanto del siquiatra que ha tratado al joven durante ocho años como de los psicólogos eran «muy contundentes» y «todas las pruebas periciales se han visto ratificadas con la pericial del juzgado por tres peritos independientes nombrados por el juzgado, que han valorado por sí mismos la realidad de los hechos, y su informe también fue contundente».

Por otro lado, ha señalado la importancia de esta sentencia porque «a las víctimas de abusos sexuales les cuesta mucho denunciar, porque es un delito que lleva aparejada culpa y vergüenza, y es un proceso judicial muy duro y supone para las víctimas un calvario volver al juzgado a contar siempre lo mismo, y que siempre se esté cuestionado su testimonio, lo que por otra parte es lógico porque hay que asegurase de que la víctima no este mintiendo». «Para una víctima es terrible y hay mucha personas que deciden no iniciar un procedimiento judicial», ha lamentado.