![La consejera Elizalde ha mostrado su satisfacción por el respaldo del Consejo de Nafarroa a la reforma de la Administración Local. (GOBIERNO DE NAFARROA)](/media/asset_publics/resources/000/462/747/article_main_landscape/consejeraelizalde.jpg)
El dictamen emitido a petición del Parlamento tiene como objeto aclarar la adecuación a derecho del proyecto de Ley Foral de la Reforma de la Administración Local, que se debatirá y votará próximamente.
Acompañada del director general de Administración Local, Xabi Lasa, Elizalde ha sostenido que «Navarra dispone de un mayor margen de actuación normativa y puede ir más allá del régimen común en materia legislativa local. Se trata de un derecho histórico al que no renunciamos y que nos permite establecer una estructura propia en el ámbito local».
De la misma forma, según informa el Gobierno navarro, ha agregado, el dictamen pone en valor «el objetivo de reforzamiento de la administración local y mejora de su eficiencia con la implantación de las comarcas, que responden a una nueva concepción de la forma de gestión de los servicios locales de carácter supramunicipal desde una perspectiva territorial y no meramente sectorial».
Lasa, por su parte, ha analizado algunas de las cuestiones recogidas en el dictamen, entre ellas la alusiva a los concejos que indica que «se atiene a legalidad el mantenimiento de los concejos y la creación de otros nuevos si fuera necesario».
«Nada objeta a la extinción de los mismos cuando exista una carencia manifiesta de recursos para el ejercicio de sus competencias y avala la propuesta de un sistema de gestión competencial compartida concejo-ayuntamiento que permita auxiliar al concejo cuando sea necesario», apunta el Gobierno en ese sentido.
En lo que respeta a las Mancomunidades de Planificación General, según el director general, del dictamen se desprende que la ley avala la creación de esta entidad supramunicipal en virtud de los derechos históricos de Nafarroa, aunque señala la necesidad de precisar mejor cuestiones concretas sobre su regulación, competencias, procedimiento de creación o composición.
En referencia a las comarcas, ha indicado que el dictamen «avala la legalidad de su creación en virtud de la competencia histórica de Navarra y no cuestiona ninguno de los artículos referentes a la regulación de las mismas» y concluye indicando que la regulación de las comarcas que contiene el proyecto no vulnera la autonomía municipal y es conforme a Derecho.
Respecto a la extinción de las actuales mancomunidades, el Consejo «no observa contravención alguna de legalidad respecto a la integración total en la comarca de las entidades supramunicipales prestadoras de servicios actualmente existentes».
En ese sentido, ha explicado que una vez creada la Comarca que asumirá sus funciones, la desaparición de las mancomunidades actualmente existentes se producirá en virtud de la pérdida de su fin y de sus competencias. Esta propuesta «ha sido una de las más cuestionadas por algunos grupos de la oposición y algunos técnicos de las propias mancomunidades», según el Gobierno que apunta que «el Consejo niega razón a sus críticas».
Sobre las competencias de las comarcas, una de las cuestiones que «más controversia ha suscitado en los grupos de la oposición y algunas asociaciones municipales», el dictamen, según indican, es «contundente al afirmar que el proyecto considera como propias de las comarcas una serie de competencias que en ningún caso se configuran como propias de los municipios por la normativa básica estatal, quedando la autonomía municipal de los ayuntamientos navarros plenamente garantizada».
Lasa ha destacado el «espaldarazo» que recibe «el nuevo sistema de financiación» y ha añadido, respecto a secretarios e interventores, recogiendo la filosofía del proyecto de ley, señala que el Parlamento puede decidir en qué ayuntamientos o entidades locales han de existir puestos de secretaría e intervención y la manera de prestar dichas funciones en forma agrupada.
Asimismo, el dictamen indica que el proyecto pretende «responder a una anómala situación de inestabilidad, prolongada durante más de 28 años» y señala que «propone revertir definitivamente la situación anómala de interinidad que vienen padeciendo quienes desempeñan los puestos de secretaría y de intervención en las entidades locales».
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