«La cuestión está solucionada. La ley que aprobamos recientemente ya observa para padres y madres en 2019 una suerte de deducciones que lo que buscan, a diferencia de la exención, es por la vía fiscal no solamente una ayuda sino un implemento también en el fomento de la natalidad», ha zanjado en el Parlamento.

Según ha recordado, una sentencia del Tribunal Supremo español establecía que la ley de régimen común «reconoce que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF».

Sin embargo, ha destacado que esta sentencia «no afecta a la ley navarra» porque la norma aprobada en 2012 por UPN, PSN y PPN «no está redactada en aquellos términos que ha sancionado con su fallo en casación el Tribunal Supremo».

En este sentido, ha advertido que «una hipotética devolución de estas prestaciones en Navarra en estos momentos podría llevarnos a incurrir en prevaricación», ya que la Hacienda Tributaria navarra «no es quien decide que en Navarra no se devuelvan, sino que simplemente aplica lo que dicta la ley en vigor en la Comunidad Foral».

«Cuando se nos exige que con la ley actual devolvamos con carácter retroactivo ese dinero sería tanto como pedir a los técnicos de la Hacienda Foral de Navarra que prevariquen con la ley en la mano, porque el fallo de casación de ninguna de las maneras afecta a Navarra», ha insistido.

Así, ha advertido de que «legislar en estos momentos con carácter de retroactividad entra de lleno en materia de inseguridad jurídica».

«Considero que no es de recibo que, quienes en 2012 decidieron eliminar la exención a las prestaciones por maternidad en uno de los años más duros de la crisis para las familias, ahora son los mismos que están exigiendo corregir su desaguisado con soluciones que ponen gravemente en riesgo un elemento esencial para el autogobierno de Navarra como es la seguridad jurídica», ha denunciado.

De esta forma, ha querido remarcar que la ley aprobada por los ahora grupos de la oposición en 2012 «eliminaba expresamente las exenciones de las madres navarras».

«Aquellas madres estaban en condiciones peores que las del resto del Estado y aquello, señora Beltrán, parece que no le molestó en absoluto», ha trasladado a la presidenta del PPN, peticionaria de la comparecencia.

Por todo ello, ha considerado que el modelo propuesto por el Ejecutivo es «más razonable» que lo que defiende la oposición, pues para una madre con unos ingresos de 83.000 euros, la exención supondría ahorro de 8.700 euros, mientras que para personas con rentas más bajas «el efecto de la exención podría ser de 0».

«Esto no ocurre con las desgravaciones que se van a aplicar en Navarra en 2019», ha garantizado.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Beltrán, ha considerado que «no hay ninguna justificación seria» en las argumentaciones de la presidenta y que la única explicación «sensata» es que «no devuelve ese dinero» porque EH Bildu «no le deja».

«No alcanzo a entender la negativa a algo que le está reclamando la calle, salvo que sea una imposición de Bildu», ha manifestado.

También el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha creído que esta cuestión «tiene que ver con la voluntad política». «Si se quiere, se podría, y decir otra cosa es no ajustarse a la realidad», ha reivindicado Esparza, que ha añadido que la devolución es «técnicamente posible y hay seguridad jurídica para hacerlo».

Por el contrario, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha apuntado que «más allá de demagogias y estridencias, la presidenta ha explicado bien lo que pasa».

«Los exterminadores de la exención de ayer son los defensores oportunistas de hoy de su mantenimiento ante las madres indignadas», ha criticado, tras lamentar que ahora busquen «pseudo-soluciones sin seguridad jurídica para arreglar su desaguisado».

Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, ha subrayado que existen razones «muy justificadas» para entender que la exención «produce un agravio comparativo» en términos de equidad porque «no distingue entre rentas altas y bajas».

También la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha defendido el modelo de deducción frente a la exención por ser un mecanismo «muchísimo más justo».

La portavoz del PSN, María Chivite, ha remarcado que «con lo que han hecho con los Actos Jurídicos Documentados no tienen argumentos técnicos para sostener sus intervenciones». «Esto es una cuestión de voluntad política», ha reivindicado, tras proponer que a las madres se les reconozca el derecho «desde ya« y que «se les pueda hacer la devolución en diferentes ejercicios presupuestarios».

Marisa de Simón, parlamentaria de IE, ha indicado que «no es cierto que las madres y padres estén peor en Navarra que en el resto del Estado», sino que «están de otra manera». «Estoy convencida de que hemos hecho lo que tocaba», ha destacado, tras calificar la deducción como una medida «más justa y equitativa».