![El vicepresidente Laparra ha presentado el Plan de Inclusión Social. (GOBIERNO DE NAFARROA)](/media/asset_publics/resources/000/509/458/article_main_landscape/laparra_otra.jpg)
En comisión parlamentaria, Laparra ha indicado que se trata de un plan «extenso» y «complejo». «Tiene carácter estratégico y transversal e implica a un volumen importante de distintas políticas», ha dicho, para añadir que «materializa el derecho a la inclusión y a la renta garantizada». Según ha dicho, ha sido objeto de un proceso participativo «amplio».
Ha manifestado, ante las críticas de la oposición, que «en este plan no hay engaño alguno, ni trampa ni cartón» y «tenemos leyes, instrumentos y reconocido el derecho». «Con este plan estamos construyendo una estrategia colectiva, compartida y ambiciosa en cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social», ha expuesto.
A su juicio, «la oposición se está perdiendo una oportunidad importante» en esta materia y ha considerado que «habría estado bien que, aunque con críticas, dejaran notar que algo se estará haciendo bien, algún elemento positivo tendrá el plan después de 20 años sin un nuevo plan».
El vicepresidente ha destacado que «el plan busca ofrecer empleo a los perceptores de renta garantizada, reducir la pobreza severa a la mitad, reducir el abandono escolar temprano, reducir los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, entre otros».
En su intervención, Laparra ha explicado que se «ha incorporado a la renta garantizada la población de mayores de 64 años, 675 unidades familiares beneficiarias en dos años de referencia» y ha destacado «la introducción vía anticipos de pensiones no contributivas, 580 unidades familiares incorporadas por esta vía».
En empleo, ha resaltado «el impulso de un modelo integrado» y «la adaptación de programas de activación para personas en riesgo de exclusión», así como «el trabajo conjunto del SNE y los servicios sociales».
Miguel Laparra ha señalado que «se ha reforzado el empleo social protegido, como aparece en el plan, con un incremento de 172 por ciento respecto de 2015, con 2.200 personas beneficiarias en ese periodo».
«Además, se ha focalizado de forma intensa hacia los perceptores de renta garantizada, que alcanzan el 90 por ciento», ha expuesto.
Según ha continuado, el programa de formación para perceptores de renta garantizada «ha llegado a 11.000 personas» y «se ha reforzado el trabajo de orientación profesional con los perceptores de renta garantizada». «Durante los primeros nueve meses de 2018 se han realizado 20.159 contratos laborales a perceptores de renta garantizada», ha indicado, para agregar que «supone que en 2018 previsiblemente se habrá duplicado el número total de contratos laborales de perceptores de renta garantizada».
Laparra ha añadido que «los servicios sociales de base han experimentado un incremento presupuestario respecto de 2015 del 16 por ciento» y ha destacado «el esfuerzo importante en la formación de profesionales». «Se ha construido un sistema de información que da respuesta y concreta el derecho a la inclusión social y han aumentado las subvenciones a proyectos de inclusión», ha expuesto.
En cuanto a vivienda, el consejero ha indicado que el plan incluye medidas como «el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, el aumento del parque social de vivienda y el refuerzo de medidas de acompañamiento social a las políticas de vivienda». Ha puesto en valor además las medidas en materia de salud y educativas.
La parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha indicado que «ustedes llegaron como el Gobierno del cambio y se van a ir como el Gobierno del engaño». «Dice usted que con un plan va a regular un derecho, el de inclusión social, pero un plan no es de obligado cumplimiento"» ha criticado, para añadir que «un derecho se desarrolla en una norma de obligado cumplimiento, luego no hay un derecho de inclusión social garantizado».
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha señalado que el plan de inclusión es «muy bienvenido» y ha comentado que «compartimos principios y criterios de los que el plan parte, así como sus objetivos». «Nos parece fundamental que refleje un compromiso firme con los derechos sociales», ha valorado.
La parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde ha señalado que «estamos de acuerdo con lo que se plantea en el plan» y ha indicado que «hay huecos que hay que reforzar». «Se está trabajando en la buena dirección», ha apuntado, para pedir al Gobierno «mayor esfuerzo en políticas para avanzar en la cohesión social».
Mikel Buil, de Podemos-Orain Bai, ha señalado que, en esta materia, «hay un cambio revolucionario en las políticas sociales del Gobierno de Navarra» y «vemos recogidas muchas de las reuniones que hemos tenido».
Nuria Medina, PSN, ha indicado que «vemos un nuevo ejemplo de marketing político». «Este plan no tiene dotación económica adecuada y eso es vender humo», ha criticado, para agregar que «han estado dos años incumpliendo un mandato parlamentario y no han garantizado el derecho a la inclusión social». «Creemos que las medidas clave del programa se van a quedar en agua de borrajas», ha opinado.
Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha señalado que dan su apoyo al plan, que es «perfectamente alineado con el acuerdo programático». «Este plan contiene una prioridad política comprometida con la inclusión social como un derecho, que hay que concretarlo de forma transversal», ha apuntado, para señalar que «no son solo palabras, sino compromisos que ya están cumpliendo». «Hay un cambio profundo», ha aseverado.
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