Según señala el citado colectivo en una nota, «transcurridos diez meses tras presentar las 25 alegaciones que consideramos oportunas a la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, dentro de forma y plazo, hacemos público que esta semana y a fecha de 4 de diciembre, nos dirigimos al Defensor del Pueblo».

Su objetivo consiste en que «medie con el Ayuntamiento de Pamplona y resuelva las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, Plataforma 8-80, Greenpeace y AMTS, así como otros colectivos y entidades». Asimismo, solicita que «comunique dicha resolución y su justificación mediante el informe correspondiente».

La decisión de apelar al Defensor del Pueblo viene motivada por «el silencio que hemos recibido desde el Ayuntamiento a las alegaciones presentadas».

La plataforma 8-80 considera «inadmisible que una Institución pública como es el Ayuntamiento de Pamplona no haya dado respuesta a los colectivos que se han dirigido al mismo. Máxime cuando las áreas responsables son competencia de partidos que han abogado públicamente y en repetidas ocasiones por la transparencia y la participación ciudadana».