Pasado enero, el Parlamento de Gasteiz retomará su periodo hábil de sesiones y la legislatura empezará definitivamente a consumir su segunda mitad. Lo hará con los presupuestos del año pasado prorrogados, algo que no es habitual aunque tampoco extraordinario en la política de la CAV. Sin embargo, en esta ocasión se ha generado cierto revuelo mediático (tal vez por la sequía de noticias vascas de mayor enjundia) sobre cómo hará el Ejecutivo de Urkullu para seguir aprobando leyes y gobernando. Y los datos invitan a pensar que lo hará como hasta ahora. Se le ha dado cierto carácter épico a que el Gabinete de coalición PNV-PSE tendrá que negociar «ley a ley» con la oposición. Es decir, como hasta ahora. De los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero se ha rescatado el concepto de «geometría variable», lo que se traduce en buscar acuerdos con distintos partidos en función del tema y los intereses de cada cual. Exactamente como hasta ahora.

El verdadero vuelco a esta legislatura no se dio este diciembre, cuando el lehendakari decidió cortocircuitar la negociación abierta con EH Bildu con un ultimátum difícilmente justificable y la retirada voluntaria de su propio proyecto de presupuesto; el terremoto fue previo.

En el pasado mandato, Iñigo Urkullu había gobernado plácidamente gracias a su acuerdo con el PSE que le garantizaba una cómoda mayoría absoluta en casi todas las cuestiones fundamentales, salvo la Ley Municipal que aprobó con EH Bildu. Y esos planes seguían vigentes la noche del 25 de setiembre de 2016, cuando los resultados electorales provisionales atribuían 29 escaños al PNV y 9 al PSE, sumando los 38 mágicos de la mayoría absoluta. Sin embargo, apoderados e interventores de EH Bildu en una veintena de mesas de Bizkaia se mostraron en desacuerdo con los resultados reproducidos y con sus recursos cambiaron por completo el mapa parlamentario para estos cuatro años. El PNV perdió un escaño en favor de EH Bildu y con ello perdió también la mayoría absoluta.

Estos dos años, el Gobierno de Urkullu ha capeado la situación de minoría legislando poco y apoyándose en el PP siempre que ha podido. Los de Alfonso Alonso se enfadaron por lo de la moción de censura a Rajoy, pero habiendo contribuido a la ducha fría de la prórroga presupuestaria parecen darse por satisfechos. De hecho, las tres únicas leyes que ha conseguido aprobar hasta la fecha el pacto PNV-PSE han llegado a su votación final con Pedro Sánchez instalado ya en La Moncloa y todas han tenido el voto del PP. La de “Puertos y transporte marítimo” y la “Ley contra el Dopaje en el Deporte”, como único soporte del Ejecutivo, y la última de modificación del Plan de Carreteras, sumando sus votos a PNV, PSE y EH Bildu. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, también se valió de los escaños de la derecha unionista para aprobar las 'Bases para el acuerdo educativo', embrión de la futura ley vasca. Enfrente tuvo a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y a los sindicatos del sector, lo que vuelve a ser toda una declaración de intenciones del Ejecutivo de Urkullu.

El PP de Alfonso Alonso encontró en el acuerdo de PNV y EH Bildu (y en parte con Elkarrekin Podemos) sobre las bases del Nuevo Estatus la excusa para justificar su repentina oposición al Gobierno de Lakua, que les puso ante sí unas cuentas públicas con el mismo esquema que los dos años anteriores habían aceptado «para contribuir a la estabilidad y la moderación», y para distribuir a su antojo unos 29 millones de euros.

Tras haber escenificado su firmeza en materia presupuestaria frente a un PNV que eligió culpar después a EH Bildu del fracaso de sus negociaciones, el PP se muestra ahora dispuesto a aflojar la soga con las próximas propuestas que lleguen al Parlamento. El propio Alfonso Alonso destacaba ayer en Twitter que «el acuerdo PNV-Bildu por una vía soberanista hizo saltar por los aires los acuerdos con el @PPVasco. No le vamos a dar un cheque en blanco al PNV, haremos una oposición dura a la vía soberanista, pero seremos responsables en no perjudicar a los vascos».

A nadie le cabe duda de que el PP votará a favor de la ley para subir el sueldo a los trabajadores públicos que en febrero llevará el Gobierno a la Cámara y que con seguridad se aprobará por unanimidad. Y ya se ha retratado recientemente votando en contra de la comisión de investigación sobre la OPE de Osakidetza que proponía EH Bildu, lo que a buen seguro le agradecerá durante largo tiempo el consejero Jon Darpón.

En cuanto al primer grupo de la oposición, EH Bildu, ha advertido de que estará en frente del PNV cuando lo vea necesario y que «siempre va a estar dispuesto a llegar a acuerdos si son buenos para el país». La formación independentista ya demostró en la negociación presupuestaria que tiene su propia agenda política y social y que no acepta componendas a cualquier precio o por intereses clientelares. Eso legitima su posición de cara al futuro.

De los siete proyectos de ley gubernamentales que en estos momentos están en tramitación, el de «sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas» está acordado desde diciembre con EH Bildu. Las administraciones deberán reducir un 35% de su consumo para 2030, la energía que compren deberá ser renovable y se aborda el autoconsumo.

El resto de proyectos, salvo el de patrimonio cultural vasco, están todavía en una fase muy inicial, y el Gobierno decidirá cómo ajusta su calendario legislativo a las condiciones políticas del Parlamento.

Al margen de las leyes, los retos de la legislatura están también en las ponencias de Paz y Convivencia y la del Nuevo Estatus. Dos iniciativas en las que los socios de gobierno, PNV y PSE, van por caminos claramente divergentes.

La debate sobre el Nuevo Estatus está ahora en manos de la comisión de expertos, que se van reuniendo quincenalmente y trabajando en aspectos concretos del texto. Este apartado parece estar apartado del debate partidista hasta al menos después de las elecciones municipales, forales y europeas del 26 de mayo.

El principal escollo aparece en materia de convivencia y la diferencia nuclear está precisamente entre los propios socios, como se puede leer en el texto que presentó el PSE a la ponencia en el que se recogía que «el Grupo Socialista discrepa del enfoque que propone la presidenta de la Ponencia, porque se prescinde de las cuestiones que entendemos fundamentales para poder entender y explicar el pasado terrorista». Aunque se pretendió y se pretenderán buscar otros culpables, lo cierto a día de hoy es que los grupos habían quedado en darse tiempo hasta el 28 de diciembre para que quien quisiera presentara nuevos escritos y ese plazo se ha ampliado precisamente a petición del PSE. Y visto el ejercicio de fariseismo que la derecha unionista e incluso un sector del PSOE ha montado por la nimiedad del reportaje periodístico en que Idoia Mendia cenó con Arnaldo Otegi, no se observa que el ambiente esté para acuerdos que traigan progresos

Pese al «microclima político vasco» «positivo y constructivo» del que habló el lehendakari en su mensaje de fin de año, lo cierto es que las convulsiones de la política española y su deriva hacia discursos cargados de fakes, exageraciones y demagogia también afecta a la política vasca. Por otra parte, tampoco pueden pasarse por alto los nubarrones propios que le acechan, como las evidencias sobre las irregularidades en las OPEs de Osakidetza y la sentencia pendiente del «caso De Miguel», con la implicación de tantos cargos jeltzales. Y qué decir de los males comunes que afectan al sur europeo capitalista en materia de clase y de género.

Pese a todo ello, no se auguran grandes sismos políticos en el futuro cercano en la actividad parlamentaria y, a fuerza de ser sinceros, tampoco se atisban revueltas sociales –más allá de la movilización de los pensionistas– por mucho que algún sindicato mantenga un discurso tan radical como contradictorio con su capacidad movilizadora frente al Gobierno de Urkullu.

Las elecciones municipales y forales además de las europeas del 26 de mayo van a marcar un paréntesis en la agenda parlamentaria y, por tanto, en las preocupaciones del lehendakari en ese terreno. Haciendo cuentas vemos que la actividad del Parlamento de la CAV se reactivará en febrero y para mediados de abril empezará a frenar, por la tregua electoral tácita que se ofrecen los partidos en campaña y precampaña. Sumemos a esto la fase postelectoral de pactos, constitución de ayuntamientos, juntas generales y diputaciones que, salvo sorpresas que por ahora no se otean en el horizonte, poco perturbarán al Gobierno de Urkullu. Estamos ya a mediados de junio y en ese mes acaba el periodo de sesiones, puesto que julio, agosto y casi todo setiembre son inhábiles.

Estamos ya en otoño de 2019 y a él se asoma una nueva interferencia en el «microclima», que es la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones a Cortes, con su nuevo paréntesis en la política propia.

Todo ello hace intuir que, al menos por factores internos, el lehendakari Urkullu no afrontará un 2019 épico. Y luego tendrá que decidir si opta o no a presentarse a un tercer mandato.