En una nota, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha considerado que la destrucción de la cruz franquista en Ondarroa «es constitutivo de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos, además de daños y dejación de funciones» por parte del Ayuntamiento.

La presidenta de la citada organización, Polonia Castellanos, ha criticado que el derribo de la cruz «fue a plena luz del día, duró varias horas y nadie hizo nada para frenarlo». A su vez, ha pedido la restitución «cuanto antes de un monumento de similares características».

A su juicio, una cruz «nunca puede vulnerar la ley de Memoria Histórica. En tal caso lo que puede vulnerar la ley serían las inscripciones que contenga y habría que estudiar cada caso de forma individual», ha apostillado.

Castellanos ha pedido a la Justicia que actúe ya que, según ha indicado, «estos sectores laicistas de la sociedad que ponen como excusa la memoria histórica para destruir monumentos religiosos no puede gozar de total impunidad».