La coalición muestra además en un comunicado «la necesidad de que vuelva la tranquilidad al barrio» para que sus vecinos puedan «retomar su vida cotidiana sin miedo» y «transitar libremente por sus calles», y «el comercio y la hostelería retomen su actividad y todo vuelva a la normalidad».

«No entendemos, ni compartimos, la ocupación que se produjo por tercera vez este sábado pasado de un edificio que no cumple las condiciones mínimas de seguridad para poder permanecer en su interior. Exigimos a los jóvenes ocupas que no se vuelva a intentar ocupar este espacio», añade I-E.

Sostiene también que la intervención de la Policía Foral en la madrugada del 8 de enero fue para que, a raíz de una denuncia sobre obras sin autorización, técnicos del Servicio de Patrimonio pudieran inspeccionar el edificio, una «obligación» del Gobierno de Nafarroa que «no podía permanecer impasible».

Y añade que si de esa inspección se ha concluido que el estado del edificio no permite su estancia en él por motivos de seguridad «se debe de impedir el acceso al mismo».

I-E denuncia además las actuaciones contra el mobiliario y el transporte urbano, los ataques a sedes de partidos, los carteles y pintadas amenazantes, así como el «excesivo celo del cordón policial» en Navarrería, «que ha impedido el normal desarrollo de las actividades diarias», por lo que muestra su «solidaridad» con los afectados.

«Estamos a favor de ofertar locales a la juventud y a favor de su autogestión, pero los proyectos a desarrollar en los mismos deben ser públicos, inclusivos y evaluables», subraya la coalición, y agrega que si los locales son de titularidad pública, «su cesión debe hacerse con la firma de un acuerdo por ambas partes, con garantías para el buen uso de los bienes públicos», por lo que califica de «error» que los okupas dieron por «rotos» los puentes de mediación que hubo.

En este sentido, I-E apela a los okupas a retomar la vía del dialogo y pide a las partes «voluntad de llegar a acuerdos» para una solución «pacífica» de este conflicto.