![El barco Aita Mari. (Andoni CANELLADA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/537/297/article_main_landscape/aita-mari.jpg)
Así lo ha manifestado el ministro en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido después de que parte de la oposición así lo solicitara con el objetivo de que explicase por qué ambos buques de rescate no pueden zarpar hacia el Mediterráneo central para salvar vidas de migrantes a la deriva.
Según ha explicado Ábalos, el despacho de los buques «es un acto reglado y entra en un ámbito claramente administrativo». Se trata de un procedimiento mediante el cual la Capitanía Marítima o el Distrito Marítimo comprueba que todos los buques y embarcaciones cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales para poder navegar.
«Solo puede denegarse por causas legales o por un juez. No es una decisión arbitraria, sino que se ciñe a lo marcado legalmente», ha subrayado Abalos, que ha señalado que «no se puede decir» que el Gobierno de Pedro Sánchez «no está comprometido» con el rescate de embarcaciones de migrantes.
Según ha señalado, la denegación de navegar atiende la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro, de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional.
En este sentido, Ábalos ha dicho que «los servicios técnicos» han determinado que ambos buques «incumplen» la normativa internacional, ya que en la zona en la que pretenden operar «no hay puertos seguros» donde desembarcar. Además, ha destacado «la negativa» de las ONG a desembarcar a los migrantes en Libia.
Motivos de seguridad
Ábalos también ha alegado motivos de seguridad. A su juicio, las condiciones de los buques, en caso de realizar un rescate de migrantes, «ponen en riesgo» a los pasajeros e, incluso, a los buques que puedan acudir a su ayuda.
Ha señalado que «no cuentan» con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino. «Lo que no podemos obviar desde este departamento son nuestras obligaciones legales, nacionales e internacionales, y las consecuencias de ello», ha remarcado.
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