EH Bildu acusó ayer al PNV de utilizar las diputaciones como «subterfugio» para impedir la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción que el Cámara de Gasteiz tramita a propuesta de la coalición con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo. El recurso ha partido de los gobiernos forales de Araba y Bizkaia, pero los soberanistas dan por hecho que se sumará el de Gipuzkoa.

La parlamentaria Larraitz Ugarte explicó que las diputaciones han interpuesto sendos recursos en la Comisión Arbitral alegando invasión de competencias, recursos que pueden conllevar un procedimiento largo y tortuoso que, «seguramente», impediría aprobar la ley en esta legislatura.

La soberanista opinó que los recursos de los gobiernos forales responden al «vértigo que le entra al PNV cuando se plantea investigar y llegar hasta el final en la lucha contra la corrupción», algo que no tiene justificación cuando han salido a la luz numerosos casos –como De Miguel, Osakidetza, Margüello, Alonsotegi, Karrantzako Minda– que demuestran que «no vivimos en un oasis de limpieza y transparencia».

Ugarte recordó que el Parlamento admitió en diciembre a trámite la proposición de ley para la creación de la oficina anticorrupción y que lo hizo con el dictamen favorable del Ejecutivo de Lakua y también con el voto a favor del PNV, solo el PP se abstuvo. «Hoy nadie puede decir que está en contra de que se investigue la corrupción, pero en cuanto damos pasos reales y eficaces para luchar contra el fraude y la corrupción a algunos les entra el vértigo y recurren al subterfugio de utilizar las diputaciones para retrasar y suspender la tramitación de esa ley», lamentó.

A pesar de ello, EH Bildu insistirá en que la ley siga tramitándose con normalidad y a tal fin buscará el apoyo de los grupos parlamentarios para solicitar a la Comisión Arbitral que no suspenda la tramitación, tal y como permite el reglamento de la Cámara. Considera que no sería fácil de entender que los mismos grupos que votaron a favor de tramitar la ley ahora quieran paralizarla.

Ugarte subrayó que con la oficina anticorrupción, «por un lado, toda la ciudadanía saldría ganando, porque dispondría de medidas eficaces y garantías de que la gestión de las administraciones públicas se hace sin rastro de corrupción y, por otro, las instituciones ganarían credibilidad y todas viviríamos en una sociedad más sana y saludable». La iniciativa soberanista plantea que ese organismo tenga capacidad para imponer multas de hasta 90.000 euros a las personas o entidades que obstaculicen sus investigaciones.