Azparren se ha pronunciado en este sentido en la comisión parlamentaria que investiga el procedimiento de concesión de préstamos de Sodena a Davalor Salud.
El auditor ha explicado que el informe de auditoria de 2014 fue «favorable», lo que significa que las cuentas reflejaban la imagen fiel y la situación financiera de la sociedad.
En ese momento, ha recordado, el neto patrimonial, el epígrafe que marca el valor de la sociedad, alcanzó prácticamente los nueve millones de euros, la inversión en I+D era de diez millones de euros, se pagaban las facturas a «ritmo normal», se consiguieron siete millones de recursos propios de aportación de socios, las entidades financieras bancarias en unos años «difíciles» dieron dos millones de euros y Elkargi les avaló con 700.000 euros.
En aquel momento el administrador no ponía en duda el proyecto ni hablaba de grandes incertidumbres, ha dicho, a lo que ha añadido que «si habría visto riesgos lo habría trasladado al informe».
Asimismo ha indicado que las cartas recibidas después del cierre «evidenciaban unos pagos normales» y en 25 años de auditoría muchas veces ha recibido cartas y llamadas diciendo que se reclame a la empresa y en este caso «ninguno ponía dudas que podían haber dado pistas a tensiones financieras».
Además, «la financiación bancaria fue a final de año por lo que había bastantes indicios para no poner en el informe cierta incertidumbre».
Respecto al año siguiente, el 2015, ha comentado que fue un año «convulso» en Davalor, en el que el director financiero causó bajo, empezaron a llevar la contabilidad en la empresa, cuando hasta el 2014 se había ocupado de ella una asesoría, y se implantó un nuevo programa de contabilidad.
Se dieron diferentes circunstancias que «administrativamente no podían dar respuesta al auditor» (las cuentas de 2015 se presentaron en 2017) y por eso en enero de 2016 renunció porque no le habían presentado las cuentas anuales, ha señalado, tras lo que, ante preguntas de los portavoces, ha remarcado que ese fue el único motivo de su renuncia.
Pese a que intentó trabajar con «normalidad« finalmente presentó su renuncia y cesó su relación con la empresa. Por el total de la auditoría tendría que haber cobrado 10.000 euros, mediante dos facturas.
En su caso emitió una de abono en 2016 por 5.000 euros, una factura que no llegó a cobrar, pero tampoco reclamó, «se la comió». Cuestionado sobre por qué no ha entrado en la masa de acreedores, ha comentado que no puede porque hizo la factura de abono en el 2016, el concurso se hizo en el 2018 y para entonces ya tenía el saldo a 0.
Ha querido dejar claro que «nunca» ha tenido «presiones ni de Davalor, ni de financieros, ni del promotor, ni de nadie» y ha insistido en que «era una auditoría voluntaria, si hubiera sido obligatoria los problemas legales para ellos hubieran sido muchísimos».
El auditor ha valorado como «un ejercicio de transparencia» el someterse a una auditoria cuando no se tiene obligación de hacerlo y ha rechazado hablar de «oscurantismo« al no hacerlo en 2015.
En cuanto al final de la empresa, ha reconocido que les ha sorprendido a todos. Ahora, con todo lo que ha pasado es «fácil ser cronista de una muerte anunciada, pero en su momento no se veía», ha reconocido.
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