La asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) aprobó el 8 de enero un cambio de estatutos que persigue culminar el ansiado proyecto del PNV de que esa entidad gestione el abastecimiento y saneamiento del conjunto del herrialde. Pocos son los municipios fuera de esta organización que agrupa a 81, tras la última incorporación de Nabarniz. El grueso lo componen las 16 localidades que conforman el Consorcio de Aguas de Busturialdea. Fuera se encuentran ayuntamientos que explotan sus acuíferos como Arakaldo, Artzentales, Arrankudiaga, Arrieta, Berriz, Ermua, Errigoiti, Garai, Karrantza, Lanestosa, Mallabia, Mendata, Meñaka, Orozko, Otxandio y Zornotza. Algunos de ellos –Arrankudiaga, Artzentales, Berriz, Karrantza y Orozko– han mantenido contactos para su integración en el CABB, según se ha desvelado, estando en distintas fases esos procesos.

La primera meta es la integración de los 16 municipios que componen el de Busturialdea, controlado este mandato por los jeltzales. No hay información aunque es público que están negociando por lo que dejan entrever algunas declaraciones. Para llegar a ello, se modificaron los estatutos de ambas entidades para permitir la absorción del de Busturialdea a pesar de que alguna localidad se oponga. La fórmula ha sido introducir en el documento con el siguiente párrafo: «Igualmente, con igual mayoría (mayoría absoluta) se podrá acordar la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente».

Iratxe Arriola, alcaldesa de Ea y presidenta del de Busturialdea en el periodo 2011-2015, considera que «se pretende anular la autonomía municipal». Para tratar de obstaculizar esa operación –que fue aprobada por la mayoría del PNV en julio– presentaron la revisión de oficio, pero no fue admitida a trámite. Ahora, avanza, analizan acudir a la vía judicial, pues les parece «bastante grave» lo que está sucediendo. Entiende que el PNV desea culminar con la absorción para antes de las elecciones de mayo, aunque duda de que sea posible y todo dependerá de que los resultados de las municipales en la comarca sean favorables a los jeltzales o a EH Bildu.

La apuesta soberanista es clara, un modelo de gestión pública que utilice «eficientemente» los recursos propios, que potencie la política de minimización de pérdidas en el sistema, por el mantenimiento y renovación de redes. Proponen infraestructuras tanto de potabilización como de depuración «bien dimensionadas», con procesos de mantenimiento sencillos y con bajos consumos energéticos, para garantizar su sostenibilidad. Asimismo, piden que se aplique la directiva marco con respecto a la recuperación de inversiones en el sistema de agua «de forma correcta, lo que no tendrá un excesivo impacto en el recibo de las y los consumidores» y que se garantice como derecho el acceso a un mínimo vital para familias en dificultades.

Arriola insiste en que la disolución del Consorcio de Busturialdea es una decisión política. «Tanto en 2017, como en 2018 y 2019, se han aprobado unos presupuestos con una partida superior al millón de euros para inversiones. Prácticamente –en referencia a las actuales gestores jeltzales– han seguido el camino iniciado por EH Bildu». «Destinan un 14% del presupuesto a inversiones en infraestructuras, lo que demuestra que se tiene capacidad y músculo técnico-económico. Quieren disfrazar la decisión de integración en razones técnico-económicas pero son meramente políticas. La decisión está tomada en Sabin Etxea hace tiempo», asegura quien aspira a ser reelegida como alcaldesa.

El «chantaje» a Nabarniz

Nabarniz, la última incorporación al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicitó hace tres años integrarse en el de Busturialdea, pero no recibió una respuesta; extraoficialmente les contestaron que no. Angustiados por el ultimátum de que afrontaban unas cuantiosas obras o se integraban en el CABB, optaron por esa vía. «Es la fórmula que utilizan para asustar a los pequeños municipios», denuncia Iratxe Arriola. «Lo que no hacen es contarles que existen otras soluciones, como los sistemas pasivos, que acabamos de instaurar en Bedarona –barrio de Ea–, un sistema de depuración que servirá para 200 habitantes, con una inversión de 147.000 euros, mantenimiento fácil y cero de energía», añade la primer edil.

Esa denuncia también la realizó en la asamblea de enero en Beteluri la alcaldesa de Urduña, Idoia Aginako, que acusó al PNV de «chantajear» a Nabarniz. «La Diputación no ha dado ayudas para gestionar el agua a ningún municipio que no esté consorciado», desveló la soberanista.

Otro caso es el de Karrantza, cuyo Consistorio mantiene una larga negociación para integrarse en el CABB. «El problema fundamental –explica su alcalde, Raúl Palacio– es el altísimo coste que supondrían las tarifas para los ganaderos». Ante la insistencia municipal en la importancia del sector, la Diputación encargó un estudio de la situación económica de las ganaderías y del impacto que supondría la entrada al Consorcio. «Su resultado refuerza más si cabe la postura de Karrantza Zabala, ya que tal y como recoge el propio estudio, todos los grupos de explotaciones analizadas pasarían a tener márgenes brutos finales negativos... y ascendería prácticamente al 70% el número total de explotaciones incapaces de remunerar su mano de obra propia», advierte Palacio.

Con ese estudio en la mano, recientemente Diputación y CABB realizaron una última propuesta al Consistorio karrantzarra basada en una rebaja en las tarifas del 25%, para 3-4 años, y la asistencia técnica a las ganaderías que lo soliciten para analizar propuestas de buenas prácticas que ayuden a reducir el consumo. Además, proponen que sea el Ayuntamiento quien ponga otro 25% para subvencionar a los ganaderos. «Eso es inviable. Dejar de recaudar directamente los recibos de agua, pese a no tener que pagar a la empresa que gestiona las depuradoras, va a implicar un sobrecoste para el Ayuntamiento de unos 40.000 euros», defiende el primer edil independente, quien añade que a ello habría que sumar el coste anual de acondicionamiento de red secundaria, que también recaería sobre las arcas municipales, valorado en más de 6 millones de euros.

Ahora, denuncia Palacio, el Gobierno foral presiona al Ayuntamiento, que quiere realizar mejoras puntuales en la red, pero el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural les niega la asistencia técnica «ya que fueron ellos quienes hicieron el proyecto y nos lo niegan si no nos consorciamos».

Karrantza denuncia el chantaje foral

El Consistorio Karrantza entiende que, independientemente de que estén consorciados o no, la Diputación está obligada a cooperar para que se presten los servicios municipales y se ejecuten las obras adecuadamente. El alcalde, Raúl Palacio, exige «un trato similar» al que se le ha ofrecido a otros, «donde pese a que tampoco forman parte del Consorcio, les ha construido una estación depuradora de saneamiento», en referencia a Artzentzales y Lanestosa.

«Se ha solicitado colaboración para garantizar suministro de agua a la planta de lácteos, recientemente implantada y de vital importancia para el empleo, y se niegan si no nos consorciamos. Tenemos dificultades de almacenamiento de agua porque la última balsa que hizo Diputación tiene problemas estructurales desde el inicio, solo se puede llenar la mitad, y pretenden que asumamos su gestión, y para rematar, la diputada Elena Unzueta declara, cuando se estaban aprobando los presupuestos, que ni un euro a Karrantza hasta que no nos consorciemos», desvela Palacio.A.G.