«Este es un juicio penal. Nada más y nada menos, como el de una estafa o una alcoholemia». La frase no vino ni de las acusaciones ni del tribunal, sino de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn. La naturaleza política del juicio que ayer empezó en el Tribunal Supremo contra el independentismo catalán es el nuevo elefante en la sala que algunos se resisten a ver. Así, en la «Guía para medios de comunicación» que ayer entregó el TS a los periodistas, los abogados de la acusación popular, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández Hernández son ciudadanos de a pie sin adscripción política. Quién iba a decir que ejercen en nombre de Vox y que el primero de ellos es su secretario general. Si no lo nombras, puede que desaparezca. Lakoff en el antiguo convento de las Salesas Reales, y en la Comisión Europea. «No queremos politizar la situación», dijeron ayer desde Bruselas.

Establecer como marco narrativo la naturaleza política del proceso –es decir, el hecho de que están siendo juzgados por su actividad política– es la primera batalla del proceso que ayer empezó con las cuestiones previas. Será una pugna apasionante con diversos campos de batalla, lo que beneficia a quienes no controlan los resortes del tribunal. Siempre que lo utilicen a su favor, claro está.

Por ejemplo, la mera presencia pública de Carles Puigdemont en Berlín es ya tremendamente significativa, pues según la Justicia española ayer debería haber estado sentado en el banquillo. Sobra recordar que no lo está porque un tribunal alemán no consideró delictivos los hechos por los que 12 dirigentes sí que están siendo juzgados en España. También ayuda el anuncio de que un nutrido grupo de europarlamentarios seguirá de cerca todo el proceso, igual que hace su aportación la presencia de delegados del Parlamento de Gasteiz. Ayer estuvieron Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu, e Iñigo Iturrate, parlamentario del PNV.

Y desde luego, ayuda la movilización que desde primera hora de la mañana –con los cortes de carretera a cargo de los CDR– dominó la escena en Catalunya. La prueba para la sociedad civil catalana llegará, sin embargo, con la huelga general convocada para la semana que viene. Será entonces cuando cabrá tomarle al pulso a la capacidad de innovación del movimiento independentista en la calle.

En cualquier caso, el tribunal va a tener difícil eludir la naturaleza política del juicio, lo cual, por otra parte, no es garantía de nada para los acusados, pero sí un buen inicio. El propio Melero acabó ayer su intervención pidiendo que, ya que se han admitido testigos de marcado carácter político propuestos por Vox, se admita también el testimonio del ex ministro del Interior, José Ignacio Zoido.

Y si no quedaba claro, nunca hay que desdeñar la capacidad de Pablo Casado para despejar dudas: «Gracias al PP, están siendo juzgados en el Supremo, porque si no estarían siendo juzgados en el TSJC, por jueces nombrados por los partidos independentistas». Por lo visto.

Primeras diferencias a la vista

La declaración de Melero, en cualquier caso, fue ayer el primer síntoma de unas defensas que, pese a una mínima coordinación, no van a ir en una misma línea. Todos coincidieron ayer en denunciar la vulneración de unos u otros derechos a lo largo de la instrucción, pero hay un mundo entre las intervenciones de los abogados Andreu Van den Eynde (Junqueras y Romeva), Benet Salellas (Cuixart) y Jordi Pina (Turull, Sànchez y Rull), que plantearon abierta y contundentemente vulneraciones de derechos fundamentales, y la del mencionado Melero o de Judit Gené (ayer en nombre de Meritxell Borràs), que se circunscribieron a cuestiones mucho más técnicas ligadas al procedimiento jurídico. Una defensa técnica a la que cabe destacar que tampoco renunciaron el resto de abogados.

Las ventanas que estas diferencias entre las defensas puedan abrir tanto a las acusaciones como al tribunal se empezarán a ver, en cualquier caso, con las declaraciones de los acusados. Al fin y al cabo, suya es la decisión sobre el rumbo a imprimir a su propia defensa. En la sesión de hoy seguirán las cuestiones previas de las acusaciones, pero si el tribunal decide dejar su resolución para la sentencia –práctica habitual pese a la contradicción que nos sugiere a los no duchos en la materia–, la declaración de Oriol Junqueras podría llegar hoy mismo. Ahí empezará el momento de la verdad.

Caos matinal en el TS

Hoy empezaremos a ver, por tanto, la actitud del tribunal más allá de unas formas que ayer rozaron la exquisitez. «No argumente, tiene hora y media», respondió el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a Van den Eynde, que decía que 45 minutos eran poco tiempo.

Pero ya se sabe que por mucho que el Estado se vista de seda, Estado se queda. La formalidad apenas logró cubrir el perímetro del salón de plenos. Fuera de él, sobre todo a primera hora, reinaron el caos y cierta dosis de mala baba. La Policía entorpeció hasta la exasperación el acceso de los familiares de los acusados al Supremo, haciéndolos bailar de control a control, mientras retenía a los periodistas en la sala de prensa para no ver pasar a los acusados presos. Mientras, el abogado belga Frédéric Ureel, miembro de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas, se llevaba uno de los sustos de su vida al ser abroncado por una trabajadora del TS que le instó a quitarse la toga que llevaba puesta: «Usted será abogado en su país, pero aquí viene como público». Bienvenue Frédéric.