«Si tu juegas con dureza es normal que ellos también lo hagan». La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, fue clara cuando le pidieron valorar la intervención de los fiscales; una actuación dura que dejó meridianamente claro que será muy difícil que la Fiscalía cambie de parecer durante el procedimiento. Impactó, sin embargó, más a los periodistas que a las defensas. «Tampoco estaba dentro de lo previsible que se retractasen de lo dicho, que pidiesen perdón y reclamasen la libre absolución», ironizaba a las puertas del Supremo un abogado de las defensas.

En efecto, cada uno con su estilo, Javier Zaragoza –más expresivo, teatral y grandilocuente– y Fidel Cadena –más gris y plano en la forma, que no en el contenido– pusieron voz a la acusación de la Fiscalía en el turno de las cuestiones previas. Tras deliberar sobre las alegaciones planteadas, el tribunal explicará hoy, a las 10.00, sus decisiones. Si como es previsible, el juicio sigue su curso, llegará uno de los puntos álgidos del proceso: la declaración del presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta la petición de pena más grave: 25 años.

Pero centrémonos de momento en lo que ocurrió ayer en un Supremo mucho más calmado que la víspera. Uno podía esperar que los principales excesos verbales provendrían de la acusación popular ejercida por Vox, pero no fue así. Sus letrados y los de la Abogacía del Estado apenas tomaron la palabra durante 15 y 30 minutos, y lo hicieron para centrarse en refutar con argumentos jurídicos las alegaciones de las defensas.

La única excepción de la Abogacía del Estado llegó con el ridículo de intentar exculpar a la directora de España Global, Irene Lozano, que presentó a los acusados como condenados. Y por parte de Vox, llegó en el arranque de la sesión, cuando trató de vetar el lazo amarillo que luce Jordi Sànchez, algo en lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le paró los pies rápidamente, citando para ello hasta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los abogados no, pero los acusados sí que podrán lucir símbolos. Por lo demás, a la extrema derecha le bastó con suscribir cada palabra de la intervención de la Fiscalía.

Zaragoza lo deja claro

En efecto, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena entraron ayer al trapo y reiteraron, con mayor énfasis si cabe, todos los puntos contenidos en su extenso escrito de acusación. Pero si hay que destacar una frase, solo una, de la larga intervención de casi dos horas, apunten esta de Zaragoza: «Este es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional». Dicen que a buen entendedor, pocas palabras bastan: lo que va a estar en el centro de este proceso judicial es el orden constitucional español. Es decir, el Estado español.

Y si quieren destacar un segundo fragmento, valga uno del fiscal Cadena. Es más largo, pero lo reproduzco íntegro, pues condensa en un párrafo todo el relato con el que la Fiscalía justifica su petición de 177 años de cárcel para los acusados: «Cuando al cocktail explosivo de unilateralidad, separación por completo del Derecho, negación por completo de las funciones institucionales del Estado, se suma el poder constituido de una comunidad autónoma que tiene el uso coercitivo del Derecho, y junto a ello, el poder de los Mossos d’Esquadra, que se ponen completamente al lado de la rebelión; más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que pretenden, en cumplimiento de las órdenes de los jueces, evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal». Es decir, el que desarrolla el delito de rebelión.

Marco político establecido

Por lo demás, destacó sobre todo la soberbia del fiscal Zaragoza, que no se conformó con definir como «libelos acusatorios» algunos de los escritos de defensa, sino que repartió estopa también al tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) por «intromisión» al denegar la extradición del «procesado rebelde» Puigdemont. Aseguró de igual forma que los catedráticos de derecho firmantes de un manifesto contra el actual proceso «no son los de mayor prestigio».

Pero pese a todo el chaparrón que hubieron de aguantar las defensas, aquellas que plantean la estrategia más política no salieron para nada defraudadas. Al fin y al cabo, los fiscales hablaron de derechos humanos, de derechos fundamentales y hasta del derecho a la autodeterminación. Claro está que para negarlos tajantemente, como dejó de manifiesto el propio Zaragoza, que en un momento de su intervención acumuló, una detrás de otra, frases como «nadie es perseguido por sus ideas», «no se persigue una ideología», «no es el independentismo lo que se enjuicia» y «no se vulneran derechos».

A estas alturas ya sabemos que negar la existencia de algo es una de las mejores maneras de alimentar la imagen contraria, por lo que no es mala noticia, para los intereses de las defensas más políticas, tener a la Fiscalía entrando al trapo de sus acusaciones. Eso sí, las normas del framing o enmarcado –Lakoff, de nuevo– pueden servir para ganar debates en tertulias o incluso en Parlamentos, pero un juicio ante un tribunal que tiene detrás el poder coercitivo de todo un Estado, evidentemente, es otra cosa. Con todo, las cuestiones previas han servido para establecer claramente el marco profundamente político en el que se va a desarrollar el juicio. La cara de circunstancias de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, –el mismo que hace un mes aseguró no saber qué era una defensa política ni un juicio político–, fue quizá el mejor botón de muestra.