Pensar que un procedimiento judicial se limita a lo que ocurre en la vista oral es como pensar que el resultado de un partido de fútbol viene determinado solo por lo que ocurre durante 90 minutos en un terreno de juego. Los entrenamientos y la plantilla, entre otras muchas cosas, contribuyen a lo que ocurra en esa hora y media, igual que en un juicio influyen, por ejemplo, las pruebas que un tribunal acepta o rechaza. En un proceso judicial, tu puedes intentar llamar a calentar a Messi, pero el árbitro puede decidir que tengas que conformarte con Gravesen.

Entre las pruebas rechazadas definitivamente ayer destaca, por su importancia y por la ligereza con la que fue descartada, una propuesta por la defensa de Jordi Cuixart. Se trata de un informe elaborado por el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Gran Bretaña, Hugh Orde. Este experto con 38 años de experiencia en cargos policiales de responsabilidad –en grandes urbes como Londres y en lugares complejos como el norte de Irlanda– realizó un informe sobre la actuación de Cuixart, de la ciudadanía movilizada y de los Mossos, tanto el 20 de setiembre como el 1 de octubre. Se trata de un informe en el que se valora la proporcionalidad y la adecuación de la actuación de los actores mencionados.

Como cabe suponer, el señor Orde realizó su informe a partir de vídeos y testimonios, exactamente igual que al menos tres pruebas policiales propuestas por la Fiscalía. Pues bien, Marchena ha aceptado los testimonios de la Fiscalía, pero ha rechazado la pericial del experto británico, alegando que no vio con sus propios ojos, en vivo y en directo, los hechos juzgados. Tampoco lo hicieron los policías llamados por la Fiscalía.

Las defensas se quedan así sin la aportación de un experto que acredita, por ejemplo, la adecuación de la actuación de los Mossos a los principios que, en teoría, deben regir toda actuación policial: congruencia, oportunidad y proporcionalidad. También la adecuación a la orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercedes Armas, que tres días antes del 1-O ordenó a todas las fuerzas policiales cerrar los colegios electorales «sin afectar la normal convivencia». Ya sabemos a estas alturas que la normal convivencia fue rota en aquella jornada por las cargas policiales; lo que tiende a olvidarse, sin embargo, es que el 1-O Guardia Civil y Policía española cerraron 106 colegios electorales, mientras que los Mossos, sin una sola carga, evitaron que se votase en 396. Pero claro, ya dijo el fiscal Zaragoza el miércoles que esta causa no va de orden público, sino de orden constitucional.