Rajoy ha contestado en primer lugar al secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, que igual que con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha preguntado por qué no aplicaron el estado de sitio o de excepción. La lección venía aprendida de casa, pues ha sido la misma que la de su ex número dos: «Porque el 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban, y además era más justo, porque los estados de sitio o de excepción afectan a los derechos individuales de las personas.

Después ha llegado el turno para el fiscal Fidel Cadena, cuyo cómodo interrogatorio ha utilizado para repetir en incontables ocasiones en que él, como presidente del Gobierno, no podía «liquidar la soberanía nacional», y para intentar apuntalar el relato sobre la violencia, asegurando que «en los días previos se veía venir».

Preguntado por las defensas sobre los detalles de esa violencia, sin embargo, no ha sabido concretar casos, más allá de asegurar tener «una idea general». Tras ver un video de cargas del 1-O en Sant Carles de la Rapità (Tarragona), Rajoy ha asegurado que «la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí». «Si no se hubiera violentado la ley no hubiésemos visto imágenes como estas. Yo lamento muchísimo estas imagenes, estas y otras, no me gustan nada», añadió, culpando a los dirigentes catalanes de la violencia policial del 1-O.

Sin embargo, al hablar del operativo policial, Rajoy ha acabado echando un importante capote al exconseller de Interior Joaquim Forn, al asegurar que él, «ni como presidente ni como ministro de Interior», participó «nunca» en el diseño de un operativo judicial. Es una de las tesis de la defensa de Forn.

Las defensas también han preguntado sobre los esfuerzos de mediación de finales de octubre entre los gobiernos de Barcelona y Madrid. «En aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron. A todos les dejé claro que yo no negocio la soberanía nacional», ha explicado Rajoy, que al ser preguntado por las defensas si habló aquellos días con el lehendakari Urkullu –que declara mañana–, ha enredado la declaración como solo él sabe hacer, asegurando que «a mi me llamó mucha gente, a unos los vi personalmente, con otros hablé por teléfono, de algunos me acuerdo, de otros...». Un batiburrillo del que no se ha podido sacar en claro si se comunicó de forma directa o no con Urkullu pero del que sí que se ha desprendido que lo hizo con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

El interrogatorio a Rajoy también ha tenido un momento destacado cuando ha hecho referencia a la declaración matinal de Sáenz de Santamaría, de la cual, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no podía tener noticia. «Lo he leído en los digitales», ha asegurado, después de que el tribunal asegurase tener nota ante las protestas de las defensas.

Por la tarde ha declarado también el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha hecho equilibrios entre su impresión de que se produjo «malversación» en la materialización del referéndum y la aceptación de que el Estado no encontró nada punible en su vigilancia de las cuentas catalanas.

La tarde ha acabado con un conflicto importante provocado por el protagonismo de Vox como acusación popular en este caso. Los dos testigos de la CUP citados, Antonio Baños primero y Eulàlia Reguant después, se han negado a responder a esta formación por su carácter ultraderechista. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha ordenado entonces deducir en un juzgado de guardia, lo que puede derivar en responsabilidades penales contra ellos.