Así se ha establecido tras el debate y votación de las conclusiones del cuatripartito, que fueron aprobadas en la Comisión de Investigación sobre la desaparición de Caja Navarra la semana pasada, en una sesión donde ha vuelto a quedar patente la división entre la oposición y los grupos que sustentan al Ejecutivo.

Concretamente, se considera que el nombramiento de Goñi como director general de CAN no tuvo «precedentes» porque no contaba con «experiencia previa», y que las numerosas prejubilaciones no respondieron a «criterios de eficiencia». Igualmente, se denuncia que «correspondía al Gobierno de Navarra» la tarea de inspección de CAN y que la caja podía haber seguido en solitario.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha subrayado que las decisiones de Goñi «son las responsables directas de la desaparición de CAN» y que las remuneraciones del exdirectivo «se fueron multiplicando a la vez que se deterioraba la caja».

Además, ha considerado que «había otras alternativas, como las tomadas por otras cajas que a pesar de haber padecido la misma crisis financiera no han desaparecido».

Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha incidido en que la gestión de Goñi fue «megalómana, plagada de irregularidades y decisiones estratégicas destinadas a satisfacer intereses particulares». Asimismo, ha lamentado que si estas actuaciones «hubiesen sido supervisadas por el Gobierno de Navarra, posiblemente el devenir de CAN hubiese sido otro».

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha apostado por recuperar el dinero perdido y que «se vuelva a valorar el enviar a la justicia algunas cuestiones que han quedado más claras en el proceso», como el hecho de que el expresidente Miguel Sanz «reconociese claramente que iban a las reuniones de la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras para cobrar, que no se sabía a qué iban, ni cómo, ni para qué».

«Esto estuvo en los juicios y sería importante que bajo esta declaración vuelva, no solo para que se conozca la verdad sino para que realmente se valore qué posibilidades de devolución de dinero real hay», ha indicado.

En nombre de I-E, Marisa de Simón ha lamentado que «con otra gestión y otras decisiones, CAN podía haber sobrevivido».

«Este proyecto faraónico de construir una gran entidad financiera pasaba por asumir unos riesgos enormes y extraordinarios», ha dicho, tras advertir que «las responsabilidades políticas del Gobierno de Navarra son evidentes» porque el entonces Ejecutivo «permitió que se pretendiese transformar la CAN a través de un proyecto irracional e ilógico de expansión».

Luis Zarraluqui, UPN, ha denunciado que el dictamen aprobado «no se ajusta» a la verdad y que la conclusión general «es falsa, endeble y falta de justificación», además de «contraria a resoluciones judiciales».

Guzmán Garmendia, que ha considerado que las conclusiones del PSN «son las únicas rigurosas y que no están previamente escritas», ha subrayado que el documento de los socialistas contiene «verdades que se basan en hechos y documentación, no en criterios de unos y de otros que han sido absolutamente manipulados en sus propios intereses electoralistas».

Javier García, PP, ha relatado que esta comisión pretendía «convertirse en uno de los mayores éxitos del cuatripartito» pero que ha quedado «en el intento de convertirse en algo que efectivamente no ha sido».

Tras denunciar que se han querido buscar «fantasmas que no existían», ha trasladado que «más allá de investigar lo que ya sabíamos, poco o nada nuevo ha aportado a esta cuestión».