Los dictadores se parecen mucho a los minotauros. Están escondidos en lo más hondo de laberintos. Solo que estos laberintos no están levantados en piedra, sino en burocracias. Para sacarlos de allá, hace falta recurrir al Derecho Administrativo, que es el más loco de todos. Cada paso que se dé es susceptible de ser recurrido por cualquier persona. Por eso hay que medir muy bien qué camino se escoge, porque cada recurso judicial, por nimio que sea, puede trastocar el plan. Obliga de este modo a torcer el rumbo y el riesgo es perderse. Hoy, Francisco Franco sigue en su tumba del Valle, en buena medida porque un juez no ha concedido la licencia para levantar la gran losa que lo sepulta alegando seguridad para los operarios. Y los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo acabaron saliendo de la cripta del Monumento de Los Caídos de Iruñea aplicando la normativa municipal de sanidad mortuoria. Así de enrevesados son estos laberintos.

«El gran riesgo que corríamos con Mola y Sanjurjo era el de acabar empantanados», explica el concejal de Iruñea Joxe Abaurrea. El edil es experto en Derecho Administrativo y logró escapar del laberinto a la segunda. La primera vez lo intentó de frente, en 2006. Acababa de salir la Ley de Memoria Histórica y la izquierda abertzale presentó una petición para tirar abajo el memorial o, subsidiariamente, la eliminación de los símbolos, exhumación y la eliminación de la cripta de los golpistas. Esta iniciativa terminó con una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). El debate fue si el Monumento –el mayor edificio dentro de una ciudad ensalzando al fascismo en el Estado– era en sí mismo un símbolo. El TAN dijo que no, que bastaba con ocultar las loas del interior. Y no solo eso, también subrayó otro obstáculo: el edificio está catalogado y protegido.

Fracasada esta intentona, no existió otra vía para sacar a Mola y Sanjurjo de allá hasta que EH Bildu se hizo con la Alcaldía. Ya en el acuerdo programático para sumar fuerzas venía la promesa de un «concurso internacional de ideas» sobre qué hacer con el edificio. Esa era la meta, el hilo de Ariadna con el que escapar de las trampas y salir de la cripta con los dos minotauros. Y con la posibilidad real de tirar el edificio abajo o, cuanto menos, resignificarlo. El concurso es la vía para eludir la protección del edificio.

Madrid emprende su camino

Pedro Sánchez dio el primer paso para la exhumación de Franco a finales de agosto pasado. Entró por la puerta grande, con un decreto ley para modificar ad hoc la Ley de Memoria Histórica y anunciando a bombo que sacaría a Franco de Los Caídos. Un año antes, se había aprobado una declaración en el Congreso, pero no era vinculante. El proceso en serio, el histórico, es el de agosto. Como era predecible, la familia Franco y los nostálgicos empezaron a ponerle palos en la rueda. Pronto llegaron los primeros callejones sin salida. «Da la impresión de que el Gobierno no tenía un plan, de que han estado improvisando», asegura Abaurrea.

El escenario jurídico de una exhumación constituye un barro complejo tanto en el Valle como en la Cripta. En él juegan el poder público, la memoria histórica, el Arzobispado y las familias. A fin de cuentas, Mola, Sanjurjo y Franco se encuentran en lugares de culto protegidos por un acuerdo de 1979 con rango de Tratado Internacional. En Iruñea es peor, porque el Ayuntamiento es el dueño del edificio, pero no de la cripta. En Cuelgamuros, el Valle es patrimonio nacional y, por tanto, depende de la Vicepresidencia.

La Parroquia de Cristo Rey tiene el usufructo a perpetuidad de la cripta, por eso las negociaciones discretas con el Arzobispado antes de entrar al lío legal fueron trascendentales. Dentro de la Iglesia navarra existen sectores muy opuestos a la intervención. En previsión de esto, el Ayuntamiento elaboró un informe técnico que avalaba una expropiación en caso de un nuevo uso al edificio. Llegó, por tanto, a la mesa con el arzobispo Francisco Pérez (que antes era obispo castrense) con esta baza. Hubo meses de conversaciones. La Iglesia ponía trabas apoyándose en las familias, pero ahí aparecieron aliados insospechados.

Existía constancia –Yolanda Barcina la tuvo– de que algunas familias querían sacar los huesos de aquel agujero. Entre ellas, la del propio Mola. Pero esto no restó problemas, porque los Sanjurjo decidieron pelear. Más en concreto, su hija Carlota. Y también una pariente de los hermanos Dimas Aznar, enterrados allá como representación de los navarros que perdieron la vida en el 36.

Las negociaciones con el Arzobispado dieron como fruto el «título habilitante» al Ayuntamiento de Iruñea. Esto viene a ser el reconocimiento legal de que lo que ocurra en ese espacio era decisión suya. En el pulso planteado por los Franco todavía se sigue discutiendo sobre por qué el Estado debe decidir dónde paran los huesos de un muerto. De ahí que el prior de Los Caídos, el benedictino Santiago Cantera, tenga tanto poder.

Cantera se ha convertido en un dolor de cabeza para el PSOE, desafiando desde el primer momento esa capacidad de actuación, ese título habilitante, al Estado. El Gobierno español, otra vez perdido, tuvo que buscar la ayuda in extremis del propio Vaticano. No consiguió resolver a situación hasta el pasado día 21 de febrero, cuando esgrimió una carta del cardenal Pietro Parolin, en la que decía que la Santa Sede no se opondría a la exhumación. Ahora bien, la misiva tenía letra pequeña. Decía que la exhumación quedaba a expensas de que la ordenara la autoridad competente. Otra vez sin salida.

En el caso navarro, según Abaurrea, resultó clave para la negociación con el Obispado saber exactamente cómo se iba a proceder a la exhumación. La extracción de los restos la llevó un equipo de forenses de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encabezado por su presidente, Paco Etxeberria. Se necesitaron operarios para levantar las losas. Para el Consistorio, lo fundamental era que uno de sus empleados dejara constancia de que los restos humanos salían de allí. Las familias los recogieron in situ. «El Arzobispado exigió la presencia del vicario durante la exhumación. Nosotros no lo veíamos necesario, pero tampoco tuvimos inconveniente».

Tras el fracaso de la vía directa de la Memoria Histórica (la que el PSOE cambió ad hoc para ir a por Franco), se tuvo que buscar una excusa para exhumar los cuerpos. Aunque a nadie se le escapa el fin político. «Están enterrados ahí con exaltación, por eso había que sacarlos», remarca Abaurrea. Finalmente, se aplicó el reglamento de sanidad mortuoria. Traduciendo la terminología jurídica a lenguaje común, el Ayuntamiento dijo lo siguiente: «La cripta está en un edificio que es mío y, de común acuerdo con el Arzobispado que hace de inquilino, digo que esto es un cementerio y, por tanto, en la cripta no puede haber restos humanos».

Los forenses extrajeron los restos en todos los casos, salvo en el de Sanjurjo, por expreso deseo de la familia. Lo que sí hizo el Ayuntamiento fue cerciorarse y documentar que los restos humanos salieron del sarcófago de Sanjurjo y de la cripta. Se entregaron al abogado de la familia. Parece que no tenían del todo claro dónde llevarlos. Pasaron las primeras horas –días probablemente– en la parroquia de Cristo Rey. Reaparecieron en Melilla, donde fue reinhumado ilegalmente en el Pabellón de los Héroes Regulares. No puede estar allí pues fue expulsado del Ejército tras la Sanjurjada. Se sabe que cruzó el Estrecho en un helicóptero militar. La incógnita que resta es cómo pasan los restos de Cristo Rey al Ejército.

El laberinto judicial, sin embargo, no acabó aquí. Del mismo modo que el juez José Yusty paralizó la exhumación de Franco por la licencia para mover la losa (después de que una docena de jueces denegaran la petición), el titular del Contencioso 2 de Iruñea, Antonio Sánchez (el que paralizó la matrícula de las Escuelas Infantiles por la ampliación del euskara) sentenció –ahí es nada– que los restos de Sanjurjo debían volver al sarcófago. El Ayuntamiento apeló y el TSJN dijo que el juez Sánchez no tenía razón. Esta sentencia ya es firme. El Gobierno ha anunciado que pedirá medidas contra el juez Yusty. Sánchez, por contra, sale indemne.

Tras incumplir varias promesas, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que Franco –aun sin esperar qué dice el Supremo sobre el caso– irá a Mingorrubio, al panteón donde está su esposa, el 10 de junio por la mañana. Si el PSOE repite, claro. Iruñea no pudo controlar el destino final de Sanjurjo. A fin de cuentas, solo es un ayuntamiento. Ahora bien, de haber aplicado el Estado la vía de la anulación del permiso para albergar restos humanos y no solo la Ley de Memoria, podría haber dado solución a Primo de Rivera, que se queda en el sitio, a pocos metros de donde esta hoy Franco. A Primo no se llega con Memoria Histórica, pues su dictadura es anterior a la guerra. Sacarlo supone meterse en un laberinto nuevo.