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Colocar la clave de bóveda a todo un sistema contra el nepotismo que caracterizó el régimen no ha sido tarea sencilla. La última piedra se resistía. Cuando se diseñó la Oficina Anticorrupción (nombre que Geroa Bai se empeñó en dulcificar introduciendo la coletilla de «Buenas Prácticas») se pusieron unos requisitos tan altos para buscarle director que encontrar después un nombre ha sido una tarea muy compleja. Se le exigía una importante cualificación técnica y, además, carecer de filiación política o sindical. La dedicación ha de ser absoluta para evitar cualquier conflicto de interés .
Finalmente, el cuatripartito ha llegado a un acuerdo in extremis en torno a la figura de Isabel Urzainki. Como se votará por mayoría simple, la abogada tiene ya prácticamente todos los boletos para salir. Lamentablemente, la filtración de su nombre a un medio de comunicación empaña la imagen de independencia que se buscaba conseguir.
En cualquier caso, el fallo en las formas no afecta al fondo. Urzainki, más allá de su currículum como experta en Derecho Civil que le llevó a formar parte del consejo asesor de la histórica revisión total del Fuero Nuevo, es una mujer luchadora. Fue una de las abogadas que llevaron la causa contra la Iglesia por el escándalo de las inmatriculaciones, aunque sobre todo su labor destaca en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Durante 15 años presidió la Asociación Navarra de Síndrome de Down.
La Oficina Anticorrupción cuenta con unas capacidades investigadoras distintas y complementarias a los Comptos. Una de sus primeras funciones será la elaboración de un Código Ético para los funcionarios y tiene capacidad de sanción. Además, le toca ejercer como árbitro en las adjudicación de contratos públicos, tras la nueva regulación la que se deja de contratar mediante subastas a la baja para introducir criterios éticos, laborales, sociales y ecologistas.
La dirección de la Oficina se nombra por seis años, para que esta figura gane independencia con respeto a las mayorías parlamentarias en cada momento. En esto, se sigue la estela del presidente de los Comptos, cuyo nombramiento se realiza cada cinco años. En la nueva institución se aplica la garantía suplementaria de no repetición del mandato de forma consecutiva.
La tarea que tiene Urzainki por delante no es fácil. Debe reunir a un equipo muy técnico compuesto por funcionarios de carrera, pues los inspectores de la oficina serán autoridades con mucho poder, similares a un inspector de Hacienda. Entre su cometido está la revisión de la labor de los propios funcionarios (la no colaboración con la oficina está sujeta a importantes sanciones). Asimismo, están capacitados para investigar a las empresas que tengan concesiones con la Administración (cosa que les está vedada a los oidores de Comptos).
La Oficina forma parte de un entramado en el que juega la Ley de Contratos, la propia Cámara de Comptos y la nueva Ley de Transparencia. En esta última norma se incluye la creación de un registro de lobbies y ahora le toca a la oficina regularla.
La idea principal que subyace detrás de los cambios en Transparencia, Contratos y en la propia Ley de Participación Ciudadana es establecer una nueva forma de gobernanza. Se trata de intentar corregir algunos vicios y defectos que tiene el funcionamiento de la Administración. Y el papel de la oficina es dar a conocer qué cambios se quieren y, de otra parte, conseguir que se apliquen.
Jerárquicamente, Urzainki dará cuenta del Parlamento, quien le podrá encomendar trabajos. Ante él presentará informes de forma periódica.
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