El juicio contra el independentismo catalán ha entrado en las últimas dos semanas en ese confuso y soporífero momento en el que las acusaciones hacen desfilar a los agentes de las FSE cuyos atestados constituyen la base de todo el relato inculpatorio. Confuso –y al mismo tiempo ejemplificador–, porque se ponen de manifiesto dos relatos antagónicos: el de quienes creen que dichos testimonios apuntalan su acusación, y el de quienes creen que la ridiculez y el sinsentido de las declaraciones policiales evidencian la inconsistencia de los delitos imputados. Y soporífero, porque una vez pasados los primeros agentes, sus declaraciones se convierten en una monótona repetición de un guion que apenas tratan de disimular que ha sido previamente escrito.

Procesalmente, sin embargo, la liturgia de los testimonios policiales tiene una importancia nada desdeñable, debido a su papel en la puesta en escena que conlleva todo proceso político. Además, el testimonio de ayer no era cualquiera. El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena es el jefe de la policía judicial del cuerpo en Catalunya y responsable de la investigación político-judicial contra el independentismo. Es decir, la inmensa mayoría de informes encargados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona desde 2016 llevan su rúbrica. Esos informes son la masa madre sobre la que se construye la instrucción del caso en el Tribunal Supremo.

Perjurio a la carta

Empecemos con una previa que sirve, a la vez, para empezar a desmontar el andamiaje de la función representada en el TS. El diario “Público” ha acreditado en diversas informaciones –incluido un audio– que Baena estaba detrás de una cuenta de Twitter en la que, bajo el seudónimo de Tácito, cargaba contra los mismos políticos catalanes que, como jefe de la policía judicial, debía investigar con total imparcialidad y sin prejuicio alguno. Ayer Baena negó estar detrás de dicha cuenta.

El escándalo es doble. Desnuda, por un lado, la pretendida neutralidad de unas investigaciones judiciales que, en la práctica, son llevadas a cabo por oficiales de unas Fuerzas de Seguridad del Estado cuya imparcialidad resulta imposible en un contencioso como el catalán.

Por otro lado, y en lo que al proceso judicial concreto se refiere, vuelve a poner de manifiesto la doble vara de medir del tribunal y de la Fiscalía. “Público” dio a conocer ya en su día el audio en el que el periodista Carlos Enrique Bayo llamó por teléfono a Baena para preguntarle acerca de la cuenta de Twitter de Tácito. «Vamos a ver, nos hemos enterado de que eres Tácito en Twitter», pregunta el periodista, a lo que Baena responde, de buenas a primeras: «Sí». Solo al rato intenta matizar la respuesta, cuando Bayo le pregunta si no cree que eso afecta a sus investigaciones.

Pero ayer nadie vio nada raro en el hecho de que Baena negase la evidencia. Ni Marchena, que anteriormente advirtió a un testigo de las consecuencias penales de no decir la verdad, ni la Fiscalía, que en días previos pidió abrir diligencias contra un cargo de la Generalitat por falso testimonio, dijeron ayer esta boca es mía.

Atestados sagrados

Las trampas del juicio contra el independentismo catalán quedaron en evidencia sobre todo durante las preguntas de las defensas. Los momentos más gráficos corrieron a cargo de Ana Bernaola, una de las abogadas de Jordi Sànchez, cuyo interrogatorio se convirtió en más de una ocasión en un toma y daca con Marchena. El presidente del tribunal evitó que Baena se pronunciara sobre los atestados que él mismo firmó.

«Está usted intentando someter a juicio el atestado», le interrumpió en una ocasión Marchena. «De eso se trata, sí», contestó Bernaola. «Pero es que el caso empieza con los escritos de acusación y la Sala va a valorar solo lo que ocurra aquí», alegó el juez, que echó en cara a la letrada el intento de «resucitar unos atestados que nosotros no vamos a tener en cuenta». «Pero todos los escritos de la acusación y la instrucción se basan en esos atentados», alegó Bernaola.

La protesta, sobra decirlo, fue en vano, pero dio en el clavo. La trampa es evidente: Marchena se niega a que los atestados puedan ser discutidos durante el juicio, alegando que el tribunal no los va a tener en cuenta; pero la realidad es que tanto la instrucción del juez Pablo Llarena en el mismo Tribunal Supremo, como los escritos de acusación de la Fiscalía se basan de manera casi absoluta en esos atestados policiales. La maniobra eleva así a altares intocables unos atestados evidentemente parciales firmados por un teniente coronel que insultaba a las personas a las que investigaba.

La actitud de Marchena evitó que Baena tuviera que defender sus informes. Sirva de ejemplo el momento en el que Bernaola preguntó por qué se incluyó a Sànchez en atestados de sucesos ocurridos cuando el expresidente de la Assemblea estaba ya en la cárcel. «Pues porque habría algo relacionado con la ANC». «¿Pero no ha dicho usted que solo investigaban a personas y no a entidades?», contrapreguntó Bernaola, momento en el que Marchena entró al quite.

Catalunya «insurreccional»

Por lo demás, la declaración de Baena no aportó grandes novedades. Defendió, a preguntas de las acusaciones, que Catalunya vivió en otoño de 2017 un «periodo insurreccional» en el que cualquier actuación «podía derivar en una escalada incontrolable». «Catalunya era un polvorín», aseguró. Un relato que, sin embargo, fue matizado en el turno de las defensas, a quienes Baena reconoció que, pese la insurrección en marcha, no hubo una sola detención más allá de las del 20 de setiembre.

También reconoció que durante sus investigaciones, que incluyen conversaciones telefónicas, registro de e-mails y vaciado de redes sociales, no encontró llamados a la violencia de ninguno de los acusados, así como tampoco evidencias de compra de papeletas, urnas o material electoral.

Su testimonio también fue importante para las defensas de Sànchez y Cuixart, ya que explicó que el 20S la Guardia Civil «tenía la autorización del juez para utilizar la fuerza si la comisión judicial lo requería». «No fue necesario», añadió Baena, declaración difícilmente compatible con imputar rebelión.

Baena se refirió también al documento ‘‘Enfocats’’, piedra angular sobre la que sustenta buena parte de su investigación y que, sin embargo, ninguno de los acusados ha reconocido. El teniente coronel admitió que solo lo encontraron en el registro del domicilio de Josep Maria Jové, que no lleva firma, no tiene fecha ni se ha hallado en ningún otro lugar. Insistió, sin embargo, en que el documento es la hoja de ruta secreta del independentismo. Algo que, como mínimo, cabe cuestionar, pues en ese documento ni siquiera se habla del referéndum del 1 de octubre.