Tras escuchar durante días a guardias civiles hablar de la violencia del independentismo durante el otoño de 2017, la jornada fue ayer un bálsamo para las defensas. Y para el común de los mortales. Por primera vez declararon algunas de las personalidades internacionales que observaron de primera mano los hechos del 1 de octubre en Catalunya, unos testimonios que las acusaciones tratan de devaluar señalando que fueron pagados por la Generalitat –tratando así de sostener, además, el delito de malversación–.

El éxito de las acusaciones a la hora de desacreditar a los observadores, sin embargo, es más que cuestionable. Por la mañana declaró Bernhard von Grünberg, veterano miembro del SPD alemán, que explicó que acudió a Catalunya por interés «político y personal», que pagó todos los gastos de su estancia de su propio bolsillo –«para mantener mi independencia»– y que, además de con independentistas, se reunió también con miembros del PSC y mantuvo contactos con Ciudadanos.

Por la tarde llegó el turno de Helena Catt, jefa de un equipo de observadores internacionales contratado por el Diplocat, el consorcio público-privado de diplomacia catalana. Fue presidenta de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda entre 2004 y 2009, tiene un doctorado sobre procesos electorales en London School of Economics y, para más inri, su equipo concluyó que lo del 1 de octubre no podía considerarse un referéndum homologable y vinculante.

Y sin embargo, para las acusaciones están más contaminados estos testimonios que los del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que insultaba por Twitter a los mismos dirigentes a los que debía –imparcialmente– investigar.

Reacción «admirable»

Von Grünberg explicó que el 1 de octubre visitó cinco colegios electorales, entre los que destaca el instituto Ramon Llull de Barcelona, en el que se registraron algunas de la actuaciones policiales más violentas. «Vi cómo la Policía irrumpió rompiendo las puertas», relató el veterano político que, por contra, calificó de «admirable» la reacción de la ciudadanía. «Demostraron una disciplina férrea y no violenta», detalló, antes de rematar: «No vi a ningún policía herido, sí a ciudadanos».

El diputado en el land Nordrhein-Westfalen hasta 2017 también explicó que intentó abrir vías de mediación tanto en el Estado español como en Alemania. «Es mi deseo que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema», añadió antes de que Marchena le frenase indicándole que sus opiniones al respecto son «muy respetables», pero que al tribunal le importan más bien poco.

Marchena también intervino para rebajar la agresividad de la fiscal Consuelo Madrigal, que llegó a preguntar a Von Grünberg si se ha preocupado de «problemas similares» a los de Catalunya en Baviera.

Marchena neutraliza a Catt

Por la tarde llegó el turno de Helena Catt, que igual que el alemán declaró al lado de un traductor, lo que alargó la sesión más de lo esperado. Catt reconoció, igual que lo había hecho el secretario general del Diplocat, Albert Royo, que su misión de observación recibió cerca de 8.000 euros, pero insistió en que su encargo no era el de una misión de observación electoral para validar los resultados de una votación, sino que tenía encomendada la elaboración de un informe general sobre la situación catalana en los meses de setiembre y octubre. Detalló, además, que Diplocat no tenía capacidad para supervisar dicho informe.

El momento más tenso del interrogatorio, sin embargo, se produjo entre Marchena y Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, al que el presidente del tribunal interrumpió una y otra vez para evitar que Catt se pronunciase tanto acerca de la actitud de la ciudadanía durante el 1-O –la calificó de «positiva– como acerca de la vulneración de derechos fundamentales. Y es que, aunque la prensa española se limitó a destacar entonces que el informe de los observadores restaba valor al referéndum, el escrito también acreditó «numerosas violaciones de derechos civiles y humanos».

Juicio paralelo en el Tribunal de Cuentas

Las acusaciones no han conseguido hasta ahora acreditar la malversación en el 1-O, pero la puerta de atrás para condenar por el empleo de fondos públicos a los impulsores del referéndum ya está abierta, en un intento por reeditar lo que ocurrió con el 9N. En aquella ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no pudo acreditar la malversación de fondos públicos por parte del Gobierno de Artur Mas, pero en un proceso paralelo el Tribunal de Cuentas condenó al expresident y a sus exconsellers a pagar 4,94 millones de euros.

Según recogió ayer Vilaweb, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ya ha pedido que se abra una causa por el presunto desvío de fondos públicos. Se basa, para ello, en un listado de presuntos gastos que se eleva a 4,3 millones de euros, de los cuales más de la mitad provienen del gasto del Govern en acción exterior, mientras que casi otro millón se correspondería al gasto en locales de votación. La demanda particular presentada por la entidad unionista Societat Civil Catalana no tiene empacho, además, en imputar a los dirigentes catalanes los 87 millones de euros que el Gobierno español se gastó en la operación “Copérnico”, el dispositivo policial destinado a evitar el 1-O.B. Z.

La Fiscalía entra en campaña y se querella contra Torra por los lazos

El de los lazos va camino de convertirse en uno de los grandes ridículos compartidos del contencioso entre Catalunya y España. Piensen si no en los habitantes del barrio de la Concepción de Madrid que ayer retiraron de los árboles de sus calles decenas de lazos amarillos: ignoraban los ofendidos vecinos que los lazos amarillos eran, en realidad, unas cintas para luchar contra una plaga de orugas procesionarias.

Pero no es todo comedia. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya presentó ayer una querella por desobediencia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por resistirse a obedecer el dictamen de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, empezando por la fachada del Palau de la Generalitat –un toma y daca que ha acabado con una pancarta sin lazo y a favor de «La libertad de opinión y expresión» colgada mirando a la plaza Sant Jaume–.

En su escrito, que si es admitido por el TSJC podría acabar con la inhabilitación del president, la Fiscalía considera que Torra desobedeció de forma «consciente y deliberada» el «claro y expreso» requerimiento de la JEC contra los lazos amarillos, algo que considera de «especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política». Y es que la JEC considera que el lazo amarillo en solidaridad con los presos políticos catalanes interfiere en la campaña electoral del 28 de abril. No interfiere, sin embargo, el juicio mismo que esos días se seguirá desarrollando en el Tribunal Supremo, en el que el 24 de abril declararán testigos de marcado carácter político como Lluís Llach o Joan Ignasi Elena. Dos miembros de la JEC son, de hecho, miembros del tribunal que juzga a los líderes catalanes.

Así se recuerda en la querella que, a su vez, como respuesta, Torra presentó ayer contra la Junta Electoral Central por considerar que sus resoluciones «distan mucho de ser ajustadas a Derecho, siendo su contenido totalmente aleatorio y arbitrario». «Se trata de una persecución política en toda regla», considera el escrito de denuncia, que lleva la firma del abogado Gonzalo Boye.B. Z.