Maritxu Paulus Basurko, la abogada de la familia, es taxativa a la hora de valorar para GARA el devenir judicial del «caso Anza» cuando se cumplen diez años de la «desaparición inquietante» del militante vasco.

Sus palabras destilan impotencia: «Y es que, desde que ocurrió la desaparición de Jon, hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Primero para buscarle. Y cuando apareció su cuerpo, once meses después en una morgue de la ciudad a la que siempre dijimos que había ido pero en la que nadie le buscó eficazmente, también quisimos creer a la fiscal Kayanakis cuando dijo que se haría luz, lo que tampoco ocurrió».

El cierre del caso, en 2013, por la juez de Toulouse que recibió el dossier de Kayanakis, la magistrada Myriam Viargues, tapó una vía. Y en 2015, la familia recibió el segundo portazo. Pese a reconocerse que hubo «toda una serie de anomalías» primero para buscarlo y luego –tanto en el hospital como en la morgue– para identificar y devolver el cuerpo de Anza a su familia, «el Tribunal de Gran Instancia no observó falta grave, lo que privó a la familia de una indemnización por parte del Estado».

Viaje sin retorno

El último viaje de Jon Anza comenzó un 18 de abril de hace diez años. Era sábado, y Maixo Pascassio, su compañera, acompañó al refugiado, para entonces gravemente enfermo, a la estación de Baiona, donde registró el billete del tren Corail con destino a Toulouse. Nunca más le volvería a ver con vida. Entre las pertenencias que portaba el ex preso figuraba, sin embargo, el billete que debería haberle traído de vuelta a casa dos días después. También el pasaporte y recetas médicas con sus datos.

«Siendo una persona adulta, la Justicia no contempla una búsqueda inmediata, por lo que la familia esperó sus noticias y, en vista de que no volvía, decidimos poner el 15 de mayo esa demanda por ‘desaparición inquietante’, basándonos precisamente en sus problemas de salud» remarca Basurko, a modo de explicación «frente a los múltiples prejuicios y la desconfianza con que se ha tratado a la familia Anza durante todo este largo y doloroso proceso».

«El clima político» marcó de principio a fin el «caso Anza», según la letrada de la familia. Para su entorno, un contexto de «denuncias de secuestros policiales» avivó el fantasma de la guerra sucia»; para los gobiernos de París y Madrid, por contra, sirvió para atacar a ETA y a la víctima.

«Todo lo que nunca debería hacerse con un desaparecido y su entorno se hizo con los Anza, por eso el caso se cerró con la tesis de una infinita cadena de errores por la que, a día de hoy, nadie ha pedido disculpas ni, por descontado, ha asumido responsabilidades», concluye.