![Delegación de Oradour que ha acudido hoy a Gernika.](/media/asset_publics/resources/000/594/118/article_main_landscape/FOTO_ORADOUR.jpg)
Una veintena de personas, entre ellas el alcalde de Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix y su segundo Benoit Sadry, integran la delegación que ha acudido hoy a la Casa de Juntas de Gernika, en un acto que profundiza en el hermanamiento entre dos villas mártires.
Además del legado de sufrimiento y de destrucción que comparten la villa vasca y la localidad francesa, ambas tienen en común la labor de memoria. Sin embargo, en lo que se refiere a la «verdad judicial», sus situaciones difieren bastante.
Ningún gobierno español ha asumido las responsabilidades de lo ocurrido en Gernika (el Gobierno alemán, bajo presidencia de Roman Herzog, y luego mediante votación del Bundestag, sí dio el paso simbólico de asumir su responsabilidad y de pedir perdón, en 1997-1998).
En el caso francés, la liberación de los nazis abrió las puertas a un proceso de reparación judicial sobre lo ocurrido en Oradour-sur-Glane, lastrado a la postre por los acuerdos franco-alemanes, de una parte, y por el temor a reabrir las heridas internas -por la presencia de alsacianos entre las tropas atacantes- de la otra.
A diferencia de Gernika, donde la masacre se aderezó de manipulación y silencio, tras salir triunfante el golpe militar de Franco, en el caso de Oradour-sur-Glane hubo procesos, condenas, y penas de prisión, aunque el paso del tiempo trajo también indultos y otras medidas de gracia.
Fruto de todo ello, Heinz Barth, el mando de la unidad militar nazi que ordenó la operación de castigo que costó la vida a 642 personas y por la cual se quemó toda la localidad, murió a los 86 años de edad en su casa, cercana a Berlín.
El conocido como «verdugo de Oradour-sur-Glane» murió el 6 de agosto de 2007, muchos años después de que el Tribunal de Burdeos le condenara a muerte, en 1953.
Barth recibió la pena máxima tras ser considerado el responsable directo de la acción de venganza llevada a cabo por el primer batallón del cuarto regimiento ‘Der Führer’ en el contexto del inicio del desembarco aliado en Normandía.
Una región de resistentes
El oficial y los militares a su cargo, entre los que figuraban algunos alsacianos movilizados con o por el Ejército nazi, decidieron llevar a cabo ese castigo en una pequeña localidad de una región, el Limousin, que fue abrigo para la población judía y en la que la resistencia -fundamentalmente comunista- tuvo un bastión destacado.
La justicia de la «Francia liberada» fue implacable a la hora de condenar a los responsables de la masacre perpetrada el 10 de junio de 1944 y a la que sólo escaparon seis vecinos, cinco adultos y un niño.
El proceso judicial en Burdeos se abrió casi nueve años después, el 12 de enero de 1953, con 65 personas acusadas, si bien apenas una veintena se sentó en el banquillo. El contexto de la Guerra Fría dio protección a los antiguos oficiales nazis, amparados por los acuerdos tutelados por británicos y estadounidense.
Así lo relata en su libro ‘Oradour: la politique et la justice’ el filósofo Jean-Jacques Fouché, del que se hizo eco la periodista Lorraine Gublin, a través de un artículo publicado en Rue89.
Catorce jóvenes alsacianos, uno voluntario y trece reclutados por la fuerza, se vieron implicados en un proceso que reabrió no pocas heridas internas.
Fouché relata que el proceso judicial tuvo un segundo escenario en la confrontación entre un Partido Comunista en la oposición pero fuertemente asentado todavía en la posguerra en Limousin y las formaciones emergentes en Alsacia que hacían suya la causa de quienes combatieron «contra su voluntad» en las filas del todopoderoso Ejército nazi de la vecina Alemania.
El 11 de febrero de 1953 el tribunal condenó a todos los acusados en rebeldía a la pena de muerte y al resto les impuso penas de prisión y trabajos forzados.
Una decisión sin implicaciones definitivas. Sólo diez días después se votó una ley de amnistía que eximió «a los condenados franceses» del cumplimiento de las penas.
En 1958, la política de reconciliación que emprendió De Gaulle con Adenauer permitió la liberación de los condenados alemanes, excepto de los condenados a muerte.
Aunque las víctimas prosiguieron la búsqueda de los responsables, en su mayoría estos se diluyeron en la nueva Alemania dividida. De hecho, Heinz Barth se cobijo en la República Democrática Alemana (RDA) con una falsa identidad durante años.
Con todo, fue la RDA el escenario del nuevo juicio, ya en 1983, en el que por fin Barth se sentó en el banquillo de los acusados.
El tribunal condenó a cadena perpetua al «verdugo de Oradour-sur-Glane» ante la mirada de algunos pocos supervivientes desplazados hasta Alemania para asistir al proceso.
Tras pasar algunos años en prisión, el mando nazi fue liberado, en 1997, por razones de salud, y murió una década después libre y en casa, en su localidad natal, cerca de Berlín.
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