El juicio ha entrado en las testificales de las defensas, entre ellas de miembros del Diplocat, como Gerardo Pisarello, del Consell Assessor per a la Transició Nacional, como el jurista Joan Vintró, o de En Peu de Pau, espacio de confluencia en el que se fomentó la movilización pacífica y no violenta, como Jordi Armadans o el diputado de ERC Ruben Wagensberg. En la sesión 36 del jucio contra los líderes independentistas que se desarrolla en el Tribunal Supremo español también ha declarado David Fernàndez.

Preguntado por las defensa de Oriol Junqueras, el exparlamentario de la CUP ha señaldo que durante el 20-S, jornada en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español registraron la sede del partido independetista y la Conselleria de Economía, llegó al departamento de la Generalitat de Catalunya por la mañana, donde los manifestastes «tenían una actitud pacífica y serenamente indignada».

Ha reiterado que, como aseguran Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se abrió un pasillo para que pudiera salir la comitiva judicial que en esos momentos se encontraba en la Conselleria de Economia. Asimismo, ha denunciado que le negaron la entrada a la sede de la CUP, remarcando que «no hubo ninguna orden judicial que permitiese ese registro».

En este sentido, ha señalado que aquel día vivió una de las situaciones «más anómalas y arbitrarias» que recuerda, añadiendo que las 4.000 personas congregadas frente a la sede «mantuvieron una actitud indudablemente no violenta».

Respecto al 1-O, ha recordado que estuvo en tres colegios. En el de Boadella, donde votó, ha explicado que el muro humano que se formó «fue un acto desobediencia civil» para evitar la actuación de la Policía: «Queríamos impedir que los mossos entraran en las escuelas anteponiendo nuestros cuerpos». 

En este sentido, ha indicado que «si se hubiera querido impedir la actuación policial con violencia, no estaríamos hablando del 1-O en términos políticos y morales». Por tanto, ha reconocido que desobedeció «a conciencia» la sentencia del TSJC que prohibía el referéndum. «2,3 millones de personas lo hicimos. Si la autodeterminación es un delito, me declaro culpable y reincidente», ha subrayado.

«El acto de desobediencia civil más grande de los últimos años»

Por la mañana, ha declarado el teniente alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. Preguntado por el Diplocat, este ha aclarado que se promovían todo tipo de debates, «también sobre el derecho de autodeterminación». Incluso el Ayuntamiento interpuso un recurso contra «la decisión unilateral de disolverlo» tras la aplicación del artíclo 155 de la Constitución española.

En cuanto al 1-O, Pisarello ha apuntado que actuaron como «garantes de la libertad de expresión y de reunión». «Había que proteger las manifestaciones como defensa de los derechos fundamentales», ha insistido.

En esta larga jornada, ha declarado ante el juez Manuel Marchena Vintró, jurista y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Consultado por el libro blanco, Vintró ha explicado que se trata de un documento de estrategia política, que recogía, entre otras cosas, posibles escenarios futuros después del referéndum, pero que «en absoluto» se trataba de una hoja de ruta hacia la independencia.

También ha declarado Armadans, director de Fundipau y miembro de En Peu de Pau, un espacio de confluencia transversal en el que se fomentó la movilización pacífica y no violenta tras el 1-O, y que, a su juicio, «se dedicaba a la formación y a la sensibilización».

A rebufo de Armadans, el parlamentario de ERC Rubén Wagensberg ha remarcado que En Peu de Pau «no estaba dirigida por ningún partido o institución». Él tampoco tenía ninguna relación con ERC en el momento del reférendum, al que ha calificado como «el acto de desobediencia civil más grande de los últimos años».