Las plataformas antidesahucios que integran Stop Desahucios Euskadi, constatando «la alarma habitacional» existente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con el apoyo de diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, reivindicaron ante las instituciones un manifiesto de medidas urgentes. Entre los firmantes se encuentran EH Bildu y Elkarrekin Podemos; LAB, CCOO, ESK o Steilas, y organizaciones sociales como Argilan, Berri Otxoak y Duintasuna.

Entre las medidas que recoge el documento, está la de duplicar los 60 pisos de emergencia que dice tener el Gobierno de Lakua, pasando a 120 distribuidos territorialmente según necesidades y previsiones, de los cuales la mitad estarán siempre operativos para ser asignados directamente a colectivos vulnerables desahuciados.

Alquiler antes del desahucio

Stop Desahucios pide también que se adapte la Ley Catalana 24/2015, especialmente su artículo 5, que obliga a las personas jurídicas a ofrecer un alquiler social antes de iniciar procedimientos de desahucio.

El manifiesto incluye, por otra parte, medidas presupuestarias de choque para ampliar el parque público de viviendas de alquiler social. Plantea duplicar este año los recursos del departamento de Vivienda llegando al 1% del PIB en 2020. «Aunque el presupuesto esté prorrogado hay dinero, y se puede habilitar un aumento de gasto que es imprescindible. Es inadmisible el actual parque de vivienda de gestión pública, que es el que permite políticas sociales y puede frenar la especulación, porque apenas llega al 2% de todas las viviendas (incluyendo a los municipios), frente al 15% de media en Europa», indican las plataformas ciudadanas.

Movilizar la vivienda vacía

El tercer punto hace referencia a la «urgente movilización de la vivienda vacía», teniendo en cuenta que «35.000 viviendas deshabitadas» se pueden «movilizar hacia el alquiler social». En ese camino, proponen elaborar un inventario público de viviendas que son de la administración y que están vacías y dirigirlas inmediatamente al alquiler social.

La cuarta medida es combatir la especulación con el establecimiento urgente de un índice oficial de precios de alquiler, por municipios y barrios, vinculado a los ingresos medios de cada zona, y sin legitimar precios abusivos. «Estos índices serán de obligado cumplimiento y los caseros que no los respeten se verán penalizados».

Los firmantes consideran importante, además, modificar radicalmente la actual fiscalidad y cumplir la Ley de Vivienda.