Según informa el TSJN, en las diligencias judiciales, el magistrado ha oficiado a la Policía española, a la Policía Foral, a la Guardia Civil y a la Policía Municipal de Iruñera a fin de que practiquen gestiones para identificar a otras posibles víctimas de hechos similares a los que se investigan, con el propósito de realizarles el correspondiente ofrecimiento de acciones, por si quisieran formular denuncia. Del resultado de estas gestiones, los cuerpos policiales deberán dar cuenta al instructor a la mayor brevedad.
 
Asimismo, el juez ha dado traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el plazo de tres días, aleguen lo que a su derecho convenga en relación a la posible clausura del establecimiento donde el encausado lleva a cabo su actividad profesional, ubicado en el centro de Iruñea, con el fin de evitar el riesgo de reiteración delictiva.
 
Además de estas diligencias, el investigado tiene otras dos causas por sendas denuncias presentadas por dos clientas. En una de ellas, el juicio se celebró hace unas semanas y el asunto está pendiente de sentencia, mientras que la otra denuncia fue archivada provisionalmente.