El PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la suspensión automática de los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece esta medida para aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, consultó al Tribunal Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 38.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado «inviable» pronunciarse en medio del juicio del procés e insistió en la opción del Reglamento.

En su reunión de este jueves, la Mesa, con el respaldo de PSOE y Unidas Podemos, ha decidido pedir un informe a los servicios jurídicos para aclarar las medidas a adoptar. El PP y Ciudadanos se han pronunciado en contra, al considerar innecesario el encargo.

La resolución no tardará en producirse, porque Batet ha convocado una nueva reunión de la Mesa para este mismo viernes, con idea de tomar una decisión definitiva. Unidas Podemos prefería dar más tiempo y abogaba por reunirse la próxima semana, pero la presidenta lo ha desestimado.