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La jueza que investiga las irregularidades denunciadas en la última OPE de Osakidetza ha rechazado por segunda vez la personación del Servicio Vasco de Salud en el caso como afectado o como acusación particular. Sí ha aceptado, sin embargo, la personación como acusación popular del sindicato LAB, que ayer advirtió de que «esto es una muy buena noticia».
«Es un nuevo paso en este largo camino que estamos recorriendo desde que hace aproximadamente un año hiciéramos público nuestro primer informe estadístico sobre los alarmantes resultados en los exámenes de ciertas especialidades médicas», apuntó la central abertzale, que ha colaborado «estrechamente» con la Fiscalía.
En esta nueva fase del proceso, LAB «va a seguir trabajando con el mismo esfuerzo y con la misma seriedad empleada hasta ahora». «En nuestro papel de acusación popular vamos a luchar porque se esclarezca todo los sucedido, para que se depuren responsabilidades y para que sean respetados los derechos de las personas participantes en la OPE, y, por ende, de toda la sociedad vasca», añadió.
Y remarcó que su objetivo «es acabar de una vez por todas con un sistema corrupto y mafioso que viola los principios de igualdad en el acceso a la administración pública». «No vale de nada proponer un nuevo modelo de OPE si no se acaba con la impunidad. No vale de nada la renovación de los cargos si no hay un compromiso de Osakidetza para castigar firmemente estas prácticas. Osakidetza debe asumir de una vez su responsabilidad en todo esto», apuntó.
Por su parte, ESK denunció que tras los intentos de Osakidetza para personarse en el caso «se esconde su intención de acortar daños, mostrando el caso como un hecho aislado, cuyos únicos responsables son las personas imputadas y negándose a reconocer un sistema estructural y clientelar a la hora de adjudicar determinadas categorías de especialidades médicas». El sindicato considera «imprescindible» que el Departamento de Salud, dirigido por la consejera Nekane Murga, «dé un paso adelante e implemente las medidas necesarias para desmantelar este sistema».
Declaraciones ante la jueza
La decisión de la jueza se ha conocido pocos días antes de que comience a tomar declaración a los tres médicos que denunciaron la filtración de exámenes, así como a la exdirectora de Osakidetza, María Jesús Múgica, en calidad de testigo, y a los tres jefes de servicios que han sido imputados por los delitos de «infidelidad en la custodia de documentos» y de «relevación de secreto por funcionario público». Las declaraciones comenzarán el martes y finalizarán el jueves.
Cabe recordar que el proceso judicial se inició a raíz de las denuncias presentadas por varios sindicatos, entre ellos LAB y ESK, que dieron pie a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior del País Vasco, que también pidió que se tome declaración al exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, al subdirector de Recursos Humanos, Xabier Balerdi, y al director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.
Aún no hay fecha para que estos presten declaración ante la jueza Yolanda Barona, ya que serán llamados al final de la instrucción, de manera que, en función de las diligencias previas se decidirá si comparecen como testigos o como imputados. Puede que también varíe la posición que juega Osakidetza en este proceso, porque, según publicó ayer Vocejón, los abogados del ente público temen que la jueza pueda considerar al Servicio Vasco de Salud «responsable civil» de lo ocurrido en la polémica OPE.
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