El durangarra Gorka Fraile –que en la actualidad sufre una enfermedad grave y se encuentra en la prisión cántabra de El Dueso–, que apeló a esta instancia para denunciar las afecciones a la vida familiar que conllevaba el alejamiento a la prisión de Badajoz.  

Etxerat ha denunciado que «también en este caso, como ocurriera en otros, Europa ha optado por blanquear la política penitenciaria de excepción que mantiene el Estado español», con el argumento de que «recibía visitas y llamadas de manera regular».

El colectivo de familiares ha remarcado que el «mantenimiento de ese vínculo afectivo» supone «un inmenso desgaste físico, sicológico y económico para su entorno familiar y social», al tiempo que ha recordado que «la dispersión y el alejamiento han provocado 16 pérdidas humanas y cientos de heridos».

Por su parte, Sare ha considerado que el TEDH «permite y perpetúa una política penitenciaria que castiga doblemente tanto al preso y como a sus familiares  y vulnera sus derechos, aplicándoles una ley excepcional».

La red ciudadana ha reclamado que los presos que «aún siguen encarcelados en prisiones que se encuentran a cientos de kilómetros de sus hogares» sean trasladados «de inmediato a las prisiones vascas» para que «sus derechos sean respetados de una vez por todas» porque, según ha remarcado, «ya no hay excusas para demorar más esta decisión».