«Este atentado es un desafío para el proceso de paz ya que no cumple con el acuerdo final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes que deponen las armas», denuncian los expertos, entre ellos la relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, Agnes Callamard.

En un comunicado firmado también por los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, remarcan que estos hechos suponen «una violación de las garantías acordadas por Colombia».

El pasado 22 de abril, a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, fue hallado muerto el exguerrillero en proceso de reincorporación Dimar Torres Arévalo.

Los expertos de la ONU emplazan a las autoridades colombianas a proteger los derechos y las libertades de todos los excombatientes y de sus familiares. «Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales que exigen independencia e imparcialidad», subrayan en el comunicado.

«Es importante para la protección de estas personas y de sus familias que estos autores sean llevados ante la Justicia», añaden. Advierten de que ignorar las garantías de seguridad firmadas en La Habana y refrendadas por el Congreso hace que aumenten las posibilidades de abandono del proceso de paz por parte de los excombatientes, así como las posibilidades de que se unan a grupos disidentes o vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.

«El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz», concluyen los expertos.