«No puede ser una sedición, crimen contra el orden público, esto fue un ataque contra el orden constitucional» en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional». El fiscal Javier Zaragoza defendió ayer de esta manera que lo ocurrido en Catalunya en otoño de 2017 «fue una rebelión y no puede ser una sedición».

Lo hizo en la antepenúltima sesión del juicio contra el independentismo catalán en el Tribunal Supremo, en la que las acusaciones, empezando por la Fiscalía, siguiendo por la Abogacía del Estado y acabando por Vox, leyeron sus informes finales. No hubo sorpresas. Más bien al contrario; la Fiscalía dejó bien claro que los cuatro meses que ha durado la vista oral han sido poco más que un trámite, una mala gripe que había que pasar. De hecho, entregó su informe por escrito tan pronto como acabó la prueba documental; es decir, lo tenía escrito antes de que concluyesen las pruebas aceptadas por el propio tribunal.

Zaragoza fue el primero en poner voz a las conclusiones fiscales, que describen lo ocurrido en Catalunya como «un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales». Insistió una y otra vez en que los acusados intentaron «liquidar la Constitución», y para sostener la descripción de los hechos como golpe de Estado, echó mano de «la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo». Sutil.

Como prueba del excepcional ataque al orden constitucional que justificaría el delito de rebelión, tanto Zaragoza como posteriormente Jaime Moreno mencionaron el discurso de Felipe de Borbón del 3 de octubre, así como la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana. Es decir, la Fiscalía empleó la actuación del Estado como prueba de cargo contra el independentismo catalán. Aunque no se refirió directamente al informe de la ONU que exige la libertad de los presos catalanes, Zaragoza se vio en la necesidad de negar su carácter de presos políticos y aseguró que el juicio «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política». «La única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Catalunya es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución», añadió durante un largo discurso que algunas de las defensas calificaron de «mitin político».

«No se persiguen ideas políticas, ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución», insistió un Zaragoza que acabó dedicando una parte importante de su exposición a defender que vivimos en una democracia que no persigue ideas políticas. También lo hizo su compañero Jaime Moreno: «La idea no es si votar o no es delito. Es mucho más sencillo, la idea es que la democracia, votar, participar, no es posible sin un respeto escrupuloso a la ley».

Objetivo Junqueras

El relato de la Fiscalía se cebó en especial en el líder de ERC, Oriol Junqueras, a quien situó como responsable máximo de los hechos juzgados. De hecho, ya la semana pasada elevaron a definitivas la petición fiscal en su contra: 25 años de prisión. «Fue (Junqueras) quien rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas», defendió Zaragoza, que definió al líder republicano como «motor de la rebelión».

El relevo en la construcción del relato sobre la violencia lo tomó después el fiscal Fidel Cadena, que contrariando la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo –que avaló la legitimidad de la desobediencia civil en el 18/98–, indicó que «el bloqueo de la multitud a las fuerzas de seguridad del Estado es violencia». «Solo el pensamiento está exento de sanción, pero no la conspiración y la provocación», añadió.

Antes, la fiscal Consuelo Madrigal trató de apuntalar el delito de malversación de fondos públicos, defendiendo que el Govern actuó como una «organización criminal» para sufragar los gastos del 1-O, así como «para encubrir delitos».

Madrigal defendió que nueve de los doce acusados –los que formaban parte del Ejecutivo– «son responsables últimos y máximos de todos y cada uno de los desvíos de fondos públicos», que cifró en tres millones.

Turno para la sedición

Por la tarde llegó también el turno de la acusación particular, ejercida por Vox, que concluyó su exposición lanzando flores a todos los jueces y fiscales que han tenido la carpeta catalana en sus manos, y de la Abogacía del Estado, cuyo informe tenía cierto interés al ser la única parte que rebaja el delito de rebelión a uno de sedición.

La letrada Rosa María Seoane defendió su postura –presentada por los medios españoles como un supuesto guiño de Pedro Sánchez a Catalunya– señalando que la violencia no fue un elemento nuclear de la estrategia independentista. Por el contrario, defendió que «hubo un alzamiento de más de dos millones de personas», con «concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización» y preparadas para «impedir la aplicación de la ley». De ahí que rebaje sus peticiones a penas de entre 8 y 12 años.