La sesión de ayer fue larga. Arrancó a las 10.00 y acabó cerca de las 19.00. Sin embargo, el resumen de la jornada cabe en tres frases. Primera: el fiscal Javier Zaragoza considera que lo que ocurrió en Catalunya en otoño de 2017 fue un golpe de Estado. Segunda: el fiscal Fidel Cadena asegura que, si lo de los catalanes con el 1-O no fue violencia, tampoco lo fue el 23-F, pese a los tanques y los tiros al aire. Tercera: en otra sala del Tribunal Supremo, a la misma hora, se vetó la exhumación de Francisco Franco Bahamonde, «jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936», según la sorprendente historiografía aplicada por los cinco magistrados que firmaron el auto, que deben considerar por tanto que los sublevados hasta 1939 contra el ordenamiento entonces vigente fueron los republicanos.

Hay días mágicos en los que la naturaleza de las cosas queda expuesta a la luz pública de tal manera que añadir mucho más sería un ejercicio inútil. Pero correremos el riesgo con cuatro apuntes:

Primero. La impostura de los aparatos del Estado es tal que, a la misma hora en que el fiscal Zaragoza traía a la memoria al refugiado del nazismo Hans Kelsen para defender que el 1-O fue un golpe de Estado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS blanqueaba el golpe de Estado del 36 que se cobró centenares de miles de vidas.

Segundo. A uno, que es lego en materia jurídica, no puede dejar de sorprenderle que para la Fiscalía la violencia sea indiscutible –de ahí el delito de rebelión– y que para la Abogacía del Estado, sentada en la silla de al lado, no haya habido violencia merecedora de tal nombre, por lo que hay que hablar de un delito de sedición. ¿Estudian las mismas leyes? «Es que la Abogacía del Estado responde ante el Gobierno», se dice. De acuerdo, me lo tomo como una aceptación de que estamos ante un juicio político. Pero entonces, ¿ante quién responde la Fiscalía? Porque su relato es igualito al de Vox.

Tercero. La trampa es tan burda que da vergüenza tener que repetirla, pero ahí va. «No les pido que renuncien a sus convicciones o ideales, pero no los pueden imponer, les exijo que respeten las leyes», les dijo ayer el fiscal Zaragoza a los dirigentes catalanes. Es decir, que respeten la ley que convierte en imposibles sus ideales. «A mí eso me parece como si me dejaran participar en un juego con la condición expresa y firme de que no puedo ganar», escribió Javier Ortiz en 1995, en un profético texto sobre la reforma del Código Penal en que se reescribió el delito de rebelión que ahora se quiere aplicar.

Cuarta y cerramos. No todo son mentiras en el relato de la Fiscalía, ni mucho menos. Aunque algunas defensas traten de negarlo, Javier Zaragoza tiene toda la razón del mundo cuando acusa a los dirigentes catalanes de intentar sustituir «un orden jurídico por otro». De hecho, aprobaron una Ley de Transitoriedad Jurídica. Las consecuencias –sobre todo políticas, pero también jurídicas– de no haberlo reivindicado así durante el juicio están por ver.