El nombramiento como consejero delegado de Euskaltel de José Miguel García, representante de Zegona, ha suscitado un profundo un debate en torno al futuro de la firma vasca.

Lakua se ha apresurado a lanzar un mensaje de calma, y ha recordado que la designación del nuevo CEO, que ha sido nombrado por unanimidad, no modifica los estatutos de la operadora.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo han remarcado que los estatutos de Euskaltel exigen una mayoría del 75% para aprobar el cambio de domicilio social y fiscal y, por el momento, Zegona tiene el 21%.

La tranquilidad del Gabinete de Iñigo Urkullu contrasta con el nerviosismo existente en el comité de empresa, que ha expresado su «preocupación máxima e intranquilidad total».

«Parece que lo que llega no es bueno», ha indicado en declaraciones a Europa Press el presiente del comité, Javier del Blanco, que ha advertido de que «todos sabemos que lo que viene asociado a estos procesos no son precisamente acciones positivas hacia la plantilla y las personas».

«Vengo a denunciar un robo»

En la Cámara de Gasteiz también se ha debatido sobre Euskaltel gracias a una iniciativa defendida por el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que ha denunciado «un robo, el robo de la empresa Euskaltel, porque nos han robado la empresa a todos y a todas».

La proposición no de ley del grupo soberanista, que instaba al Gobierno a comprar acciones de Euskaltel para garantizar su futuro en Euskal Herria, ha sido rechazada por PNV, PSE y PP. Estos partidos han firmado una enmienda transaccional en la que se pide a Lakua que utilice todos los recursos a su alcance para la compañía tenga «el máximo nivel de arraigo».