La propuesta llegó a la Cámara como proposición de ley impulsada por todos los grupos de la oposición y en principio no contaba con el respaldo de los dos partidos socios del Gobierno, PNV y PSE, que consideraban que el texto no tenía seguridad jurídica.

Finalmente todos los grupos llegaron a un acuerdo y consensuaron el texto que finalmente ha salido adelante, cuyo objetivo es regular la implantación o ampliación de las grandes superficies comerciales «para proteger el entorno urbano, el medio ambiente, a los consumidores y el patrimonio histórico artístico».

Fija topes máximos de construcción en función de si los centros se instalan en las periferias de los núcleos urbanos o en los mismos centros poblacionales.

En las periferias establece un tope máximo de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta en áreas con más de 30.000 habitantes; de 1.800 metros cuadrados en poblaciones de entre 10.000 y 30.000 vecinos, y de 700 en las que tienen menos de 10.000.

Por su parte, los límites máximos de apertura de grandes centros en los cascos urbanos son de 30.000 metros cuadrados en los núcleos más habitados; de 15.000 en los medianos y de 2.000 en los más pequeños.

También la norma regula la ampliación de los centros comerciales ya existentes y prohíbe que sobrepasen los 33.000 metros cuadrados en las grandes áreas; los 16.500 en las medianas y los 2.200 en el resto.

Euskaldendak considera la norma un «avance» que es «mejorable»

Euskaldendak estima que esta modificación legal supone «un avance en lo referente al urbanismo» y es «lo mejor» que ha existido «nunca para la defensa del comercio urbano».

Sin embargo la confederación, que agrupa a través de sus tres federaciones Dendartean, Bizkaidendak y Arabadendak a más de 5.000 establecimientos, considera que el texto es aún «manifiestamente mejorable».

Para Euskaldendak, la «división» del asociacionismo del pequeño comercio ha facilitado que no se haya podido avanzar más en este momento en la ley, y ha anunciado que van a trabajar en la elaboración de un proyecto para llevar de nuevo sus reclamaciones al Parlamento.