El Gobierno de Lakua ha presentado hoy la primera fase del ‘Informe de vulneraciones de derechos fundamentales entre 1936-1978’, en el que se recogen los datos de las víctimas mortales acaecidas durante la guerra y los primeros años del franquismo. Un total de 19.998 personas que perdieron la vida en combates, en bombardeos, en prisión y en ejecuciones extrajudiciales.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Lehendakaritza, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la directora de Instituto de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro, han explicado que en el listado se recogen los datos de las víctimas registradas en la CAV, así como de los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que murieron en otros puntos del Estado español.

Se ha elaborado una base de datos en la que se detallan las causas de los fallecimientos y las fuentes archivísticas o bibliográficas de donde se han extraído la información, a la que se puede acceder en los ordenadores de Gogora.

Según han señalado, se ha realizado una «exhaustiva» investigación, que ha combinado la perspectiva histórica con la perspectiva internacional de los derechos humanos. Así, los datos históricos sobre el número de víctimas producidas se acompañan de la calificación que el derecho penal internacional otorga a la casa de la muerte, siempre que esta causa tenia reflejo en el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los muertos, por ejemplo, en combate no se da.

Represion y combates

En cuanto a los datos, de las 19.998 fichas incluidas en la base de datos, 998 corresponden a mujeres y 18.958 a hombres. En las 42 restantes no ha sido posible determinar el género. 1.363 murieron en bombeos, 1.130 en ejecuciones extrajudicales, 895 fueron ejecutadas tras ser condenadas a muerte y 2.252 fallecieron en prisión. Estas se pueden considerar víctimas de «crímenes de lesa humanidad». Además, hay datos de 6.767 gudaris y milicianos, y 5.479 franquistas muertos en combate. También se incluyen 910 casos «sin clasificar».

Cabe señalar que, al margen de estos datos, existen 1.252 casos que no cuentan, por el momento, con un respaldo archivistivco, bibliográfico o familiar. A este respecto, Fernández ha remarcado que se trata de una investigación «viva», cuyos resultados se tiene que calificar de provisionales y abiertos a nuevas incorporaciones.

No en vano, quedan todavía por identificar y analizar los casos de muchas personas de origen vasco que fallecieron luchando contra el fascismo lejos de Euskal Herria. Además, se ha constatado la existencia de inscripciones tardías en los registros civiles que fueron realizadas a finales de los 70 e inicios de lo 80, a los que, por el momento, no se ha podido acceder. Sin contar con el hecho de de que muchas víctimas, sobre todos combatientes del lado republicano, no fueron inscrita en ningún registro archivístico. Este vacío documental solo se puede solventar por medio de fuentes orales y familiares, gracias a las que se ha podido incorporar 470 casos en la base de datos.

Reconocimiento de la verdad

En este sentido, Fernández y Ezenarro han realizado un llamamiento a las familias que puedan ofrecer datos sobre personas que murieron en la guerra del 36 y en los primeros años de la dictadura. Y han destacado que esta investigación es un primer paso necesario para cumplir «un objetivo prioritario: contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de la verdad de la Memoria Histórica».

Como se puede leer en la información aportada a los medios, con este trabajo, en el que han participado la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, «se establece una base solida para promover un acuerdo inter-institucional con el más amplio y plural respaldo en torno a la declaración que institucionalice una reparación oficial de la verdad de la Memoria Histórica y contribuya a completar, de esta manera, el ciclo de la reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi».