La fiscal Fatou Bensouda recibió en setiembre de 2018 la autorización del TPI para realizar un examen preliminar sobre los crímenes cometidos contra los rohinyás en Bangladesh al declararse competente para investigar su éxodo forzoso desde Myanmar en agosto de 2017. Ahora, la fiscal jefe pretende dar un paso más que podría llevar a la celebración de un juicio. 

Se trata de un caso complicado porque Bangladesh, país vecino al que huyeron más de 700.000 rohinyás por la ola de violencia de agosto de 2017 en el estado birmano de Rakain, forma parte del TPI. Myanmar, en cambio, no ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional, por lo que la corte de La Haya carece de jurisdicción.

Bensouda se ha apoyado en el artículo 12 del Estatuto de Roma, según el cual el TPI podrá actuar «si al menos un elemento de uno de los crímenes que caigan en su jurisdicción o parte de ese crimen se ha cometido en el territorio de un Estado parte», que en este caso sería Bangladesh.

La Fiscalía se propone investigar los hechos ocurridos desde el 9 de octubre de 2016 por considerar que «hay una base razonable para creer que en el contexto de la ola de violencia de 2017 se cometieron los siguientes crímenes, parte en el territorio de Myanmar y parte en el territorio de Bangladesh».

En concreto, apunta al crimen de deportación porque, «aunque los actos coercitivos que obligaron a la población rohinyá a huir tuvieron lugar en Myanmar, las víctimas cruzaron la frontera –elemento esencial del crimen de deportación– entrando en Bangladesh».

También cree que se habrían cometido «otro actos inhumanos» que se tradujeron en «un gran sufrimiento o daños graves» mediante «violaciones deliberadas y graves del derecho de las personas desplazadas a regresar de forma segura y humana a su país de origen», conforme al Derecho Internacional consuetudinario.

Por último, la jurista gambiana señala la «persecución por motivos étnicos y/o religiosos» mediante «la deportación y la deliberada y grave privación del derecho al retorno».

Todo ello, «sin perjuicio de otros posibles crímenes dentro de la jurisdicción del TPI que puedan ser identificados en el curso de la eventual investigación», ha subrayado.

La oficina de Bensouda ha querido enfatizar que, aunque la investigación no versará sobre «los potenciales crímenes cometidos en Myanmar», dado que no forma parte del TPI, el crimen de deportación requerirá mirar de cerca la supuesta violencia que no dejó a los rohinyás más opción que huir de Myanmar».

Los rohinyás son una minoría étnica que profesa la fe musulmana y se concentra en Rakain. Myanmar les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles así de derechos básicos.

La persecución que, según denuncian, sufren en Myanmar les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohinyás. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohinyás que llevó a la ONU a advertir sobre una posible «limpieza étnica».