Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 «aldeas» donde viven una parte de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los excombatientes. Les dicen «hijos de la paz». «Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado», afirma Jeison Murillo.

La posguerra en Colombia se caracterizada por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo de paz desde el comienzo de las negociaciones con las FARC.

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño, era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al Ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del Ejecutivo, instalaciones militares y de Policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transporte público y medios de comunicación.

Murilllo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el Gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado. Se equivocaba.

Proceso irreversible

A diferencia de ocasiones anteriores, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. «Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado», afirma. De hecho, casi todos los excombatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9.000 armas.

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un «contra-monumento» que se puede ver en el centro de Bogotá. Se llama «Fragmentos» y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1.300 placas de metal fundido de esas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. «Fragmentos» se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea.

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente. El Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de grupos armados organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros cuatro meses de 2019, frente a los 81 del mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

«Mataron a muchos compañeros, pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado», asegura Jeison Murillo al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados Acuerdos de la Uribe de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con la muerte violenta de miles de sus militantes.

«Yo no renuncié al socialismo»

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el Gobierno y las FARC-EP, aunque parte de los guerrilleros decidieron no entregar sus armas. Les llaman «disidencias de las FARC» y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la excúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. «Sabemos que no es cierto que traicionamos el proyecto socialista como ellos dicen», explica Jeison Murillo Pachón. «Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada», subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1,5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

«No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra –donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar a los elegidos a renunciar a su cargo– a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas», afirma Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este excombatiente son los incumplimientos del Gobierno de los acuerdos firmados, que empezaron –asegura– desde el día en que unos 6.000 guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los exguerrilleros, con el material que el Gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas –una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja...– otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, macetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras... Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC-EP muertos en combate, a Che Guevara o a Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la exguerrilla.

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC-EP estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Ahora la región está tranquila, aparte de algunos casos de delincuencia común. Quizá también por eso, y a diferencia de otras regiones de Colombia en las que los pobladores no ven con buenos ojos la presencia de las «aldeas» de excombatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

«Mucha gente [exguerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación», sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del Gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsada por los excombatientes, lo que les permitiría tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. «Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza», enumera.

Solo un proyecto aprobado

De todos estos proyectos, solo uno ha sido aprobado por el Ejecutivo, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los exguerrilleros de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el Gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados.

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el Ejecutivo colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13.000 integrantes de las FARC-EP que están participando en el proceso de reincorporación –actualmente les entrega unos 200 euros al mes– y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se ubican otras 12 «aldeas» de la exguerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas.