Ciudadanos presentó el 10 de julio una denuncia ante la Fiscalía por delitos de «odio, amenazas e injurias» presuntamente cometidos contra sus representantes que participaron en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, enmarcando los hechos en «una clara maniobra organizada».

La entonces portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que «fue una situación absolutamente intolerable que no cabe en democracia», especialmente en un día en que se reivindican «la tolerancia, el respeto y la libertad».

«Un grupo de radicales intolerantes se dedicaron a intentar expulsar del Orgullo a personas por sus ideas. Los militantes LGTBI de Ciudadanos no pudieron manifestarse el día del Orgullo y eso es una vergüenza», subrayó.

La denuncia de Ciudadanos, de 37 páginas, incluye numerosas fotografías de varios momentos de la manifestación, así como ‘pantallazos’ de comentarios de usuarios de redes sociales y enlaces a noticias de medios de comunicación que se hicieron eco de lo ocurrido.

Entre las diligencias a practicar que proponía Ciudadanos están la «averiguación de la identidad del autor o autores» de los hechos, la declaración de los dirigentes del partido que estuvieron en la manifestación –Inés Arrimadas, Ignacio Aguado, Patricia Reyes, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto y Melisa Rodríguez– y la identificación y citación como investigados de los propietarios de los perfiles de redes sociales donde se llevaron a cabo «las proclamas de odio».

«Acción mediática y publicitaria»

Tras lo ocurrido, la Jefatura Superior de Policía de Madrid emitió un primer informe donde se cuestionaba la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que «maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria». También sostenía que «no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas» y acusaba a los representantes del partido de «no seguir en ningún momento las instrucciones policiales».

A los dos días de los incidentes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís acusó a la Policía española de «tardar mucho en llegar» y actuar «de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa».

Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que se habían desplegado una veintena de agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos y que se planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo.

«El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores», explicaron estas fuentes.