Las últimas disputas entre ERC y JxCat han evidenciado el creciente desasosiego que se vive en el independentismo catalán. Si ya el 7 de julio la dirigente de JxCat Elsa Artadi admitió en sede parlamentaria que las relaciones entre los socios del ejecutivo «habían tocado fondo», los acuerdos postelectorales con el PSC y el debate de investidura de Pedro Sánchez no han hecho más que profundizar este divorcio.

Decenas de opinadores próximos a cada formación se reprochan estos días que antepongan los intereses partidistas en lugar de avanzar conjuntamente hacia la República. Estas acusaciones cruzadas, de las cuales no han sido ajenos los dirigentes encarcelados, ha salpicado la paz veraniega hasta el extremo de que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han acordado dejar a los políticos fuera de la zona de invitados de la movilización convocada para el 11 de septiembre. Una reprimenda simbólica que ha enervado a varios exconsellers de ERC –Josep Huguet i Anna Simó han anunciado que no acudirán–, a la vez que ha activado a sectores que hace tiempo expresan su hastío por la parálisis del movimiento.

Sembrando la discordia

Cuando falta un mes para la Diada y dos para la sentencia del TS –según la mayoría de previsiones–, parece que el independentismo necesita una fórmula para salir del barrizal en el que se encuentra desde el inicio de legislatura. Y es que los recientes rifirrafes solo son la punta del iceberg de una crisis que arranca con el intento de investidura a distancia de Puigdemont en enero de 2018.

Pese al acuerdo entre ERC y JxCat para hacerla posible, el temor a que el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, recibiera una querella por desobediencia en el Tribunal Constitucional, hizo que la Mesa de la cámara la abortara. Una decisión que llevo a Puigdemont a recurrir ante la alta instancia, reabriendo la batalla que JxCat y ERC mantenían cuando emprendieron las negociaciones para conformar gobierno.

El episodio de la frustrada investidura aún permanece en el imaginario del soberanismo, que ahora asiste atónito a un recrudecimiento de las tensiones. Especialmente tras los comicios municipales, dónde tanto ERC, JxCat y en menor medida la CUP se han excluido para alcanzar más de 60 gobiernos locales o bien se han desbancado a cambio de los votos del PSC, uno de los firmantes del 155. Así ha ocurrido en Sant Cugat del Vallès o Figueres, localidades en las cuales ERC se ha hecho con la alcaldía pese al triunfo de los postconvergentes, o en la misma Diputación de Barcelona, dónde la decisión de JxCat de hacer presidenta Núria Marín fue calificada por Esquerra, que tenía igual número de diputados que el PSC, como una «ruptura de la confianza» que «tendrá serias consecuencias».

A estos incidentes hay que añadir la incapacidad de articular una lista unitaria para los comicios europeos, la negativa de Junqueras a que JxCat se integre en la coalición Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) o las sonoras discrepancias que unos y otros exhibieron en el debate de investidura de Pedro Sánchez, durante la cual JxCat acusó a ERC de «dar un cheque en blanco» al decantarse por la abstención.

Retomando el pulso

Aunque estos días el ejecutivo de Quim Torra ha reiterado su «conjura» para aislarse de la tensión, es innegable que el ambiente no invita al optimismo. Entre pasillos se respira frustración, algunos dirigentes se encuentran con escraches que les recuerdan el malestar social, mientras se acumulan las voces que exigen la dimisión de Miquel Buch, conseller de Interior, por las continuas detenciones de independentistas acusados de varias protestas.

Todo ello ha provocado que ANC y Òmnium hayan tomado la iniciativa y anunciado que, lejos de excluir a nadie, la Diada servirá para reclamar que «los partidos fijen unos horizontes compartidos en el camino hacia la autodeterminación y en la respuesta a la sentencia». Así lo afirmó este miércoles pasado Marcel Mauri, portavoz de Òmnium, mientras Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, interpelaba al ejecutivo de Torra y a las fuerzas soberanistas a dar una «respuesta conjunta para emprender con más fortaleza la vía unilateral».

Con este mensaje inequívoco, viralizado en las redes y presente en las calles, las entidades confían en que la Diada eclipse las discrepancias y permita encarar una sentencia que puede ser crucial para el futuro inmediato de Catalunya.