Francisco Javier Pérez Hernández falleció en noviembre de 2018 a causa de un mesotelioma pleural maligno, enfermedad que se derivó de la exposición profesional al amianto en las instalaciones de CAF. La víctima estuvo en este centro de trabajo apenas seis meses, entre los años 1971 y 1972, donde entró en contacto con el amianto en operaciones de montaje de trenes, tal como ha informado hoy CCOO.

La sentencia considera acreditado que en las instalaciones de CAF había exposición al amianto «y no se utilizaba ningún sistema de extracción localizada en los procedimientos de manipulación de amianto en los que se podían producir desprendimientos de fibras (…) ni tampoco se facilitaban los equipos de protección individual adecuados al riesgo».

Recuerda que en esa época ya existía regulación legal en relación a las medidas de protección específicas ante exposiciones laborales al amianto, regulación que hacía referencia a los reconocimientos médicos, a la concentración máxima de partículas en el ambiente, a los equipos de protección y a la información que era obligatorio trasladar a la plantilla.

También se establece de forma textual, según ha señalado CCOO, que era conocido el riesgo para la salud que se derivaba de la exposición al amianto.

Pérez Hernández fue militante de CCOO, siendo durante años delegado de personal en Calderería Irurena, donde trabajó después de haber pasado por CAF. Falleció durante el proceso judicial para resolver la compensación, circunstancia que CCOO ha denunciado ya en otros casos y ante la cual exige la puesta en marcha lo antes posible de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Empresas subcontratadas

El citado sindicato considera una «irresponsabilidad» que CAF haya esgrimido durante el juicio «un argumento tan deplorable para eludir su responsabilidad como que Francisco Javier Pérez Hernández no era trabajador de la propia empresa». La central entiende que este argumento solo va dirigido a dilatar el proceso judicial, lo que contribuye a «aumentar la tortura de las personas afectadas y sus familias».

Para CCOO lo fundamental no es de qué empresa era trabajador, sino las condiciones de trabajo que se estaban dando en las instalaciones de CAF y que son las que terminaron dañando la salud.

En este sentido, CCOO se felicita por el hecho de que también en el caso de la exposición al amianto se ponga en valor la coordinación de actividades preventivas entre empresas principales y subcontratas, puesto que la subcontratación no puede convertirse en un instrumento para que la empresa principal eluda sus obligaciones en materia preventiva.

Por ello, ha destacado que esta sentencia tiene que ser tenida en cuenta en otros casos, ya que muchos trabajadores expuestos al amianto eran empleados de subcontratas de grandes empresas.