En los últimos días un total de seis presos políticos vascos han recibido la notificación del Ministerio francés de Justicia de que se les levantaba el estatus DPS de peligrosidad que aplica a los prisioneros vascos, según ha confirmado Sortuko Presoen aldeko Batzordea.
Se trata de las vecinas de Irun, Orozko y Burlata Iratxe Sorzabal, Alaitz Aramendi e Izaskun Lesaka, y los vecinos de Andoain e Iruñea Asier Oiartzabal e Iñaki Esparza, encarcelados en Lannemezan.
La eskoriatzarra Marixol Iparragirre también recibió la notificación días antes de ser entregada a las autoridades españolas el miércoles pasado
La clasificación DPS, que le ha sido retirado ya a más de una veintena de los 38 vascos en prisiones galas, no impide pero es un obstáculo mayor cara a adoptar cambios penitenciarios.
Sin embargo, en esta ocasión, Sortu destaca que la particularidad es el razonamiento esgrimido por las autoridades francesas en la notificación, ya que «pone de manifiesto que se ha creado un nuevo escenario político cuando asevera ‘Con respecto a la disolución de la organización ETA y su compromiso a largo plazo con un proceso de paz, en vista de la desaparición de los criterios que motivaron el registro y el mantenimiento del estado de DPS y la ausencia de incidentes en detención...’».
Presoen Aldeko Batzordea resalta que esa apreciación y la «consecuente actitud» de las autoridades francesas «no haya sido emulada por las autoridades españolas ni en cuanto al acercamiento de presos ni en cuanto a al clasificación penitenciaria de los mismos».
Pone como contraste que, frente al «acercamiento masivo» producido en el Estado francés, el Gobierno español «no ha acercado más que ligeramente a 25 presos.
Según los datos que ha facilitado, los 211 presos vascos encarcelados en el Estado español siguen repartidos en el 43 cárceles y el 90% de ellos (185) siguen no solo fuera de Esukal Herria sino en cárceles alejadas a más de 250 kilómetros.
Además, un total de 143 presos vascos (el 68%) siguen clasificados en régimen cerrado o primer grado y tienen «vedado el derecho a un recorrido penitenciario».
Añade que «lo más grave de todo ello es que más de una treintena de presos se encuentran encerrados en «unidades especiales» o módulos de aislamiento en las prisiones de Córdoba, Sevilla II, Huelva...».
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